La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este viernes la «plena constitucionalidad» de la Ley de Costas, que considera una medida «muy beneficiosa» para la comunidad autónoma, y ha negado que el Plan Litoral del Gobierno de la Junta «contrarreste sus efectos» porque «actúa en un ámbito de competencias distinto».
En un comunicado, Crespo ha asegurado que el Plan de Protección del litoral andaluz promovido por la Junta «no contrarresta ningún efecto de la Ley de Costas», toda vez que «se dicta en ejercicio de las competencias autonómicas de ordenación del territorio, aspectos en los que no regula la Ley de Costas, porque no le corresponde.»
Asimismo, ha destacado que la Ley de Costas «respeta estrictamente el reparto constitucional de competencias» sin que se hayan introducido ningún cambio en este sentido, por lo que «no es cierto que la nueva Ley de Costa regule autorizaciones en zona de servidumbre de protección invadiendo competencia de las CCAA», ha dicho.
La delegada ha indicado que «el Gobierno está convencido de que el Tribunal Constitucional (TC) va a desestimar el recurso de la Junta y va a declarar la plena constitucionalidad de esta Ley porque no invade competencias y protege medioambientalmente el litoral» y ha reprochado a a la consejera andaluza de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, que «no siembre confusión con una Ley que es muy beneficiosa para los intereses de todos los andaluces».
USO SOSTENIBLE DEL LITORAL
En este sentido, la delegada ha reiterado que con la Ley de Costas «la sostenibilidad del litoral está garantizada», porque «prohíbe tajantemente las nuevas construcciones en el litoral y establece medidas novedosas como la llamada cláusula antialgarrobicos, por la que los delegados del Gobierno pueden paralizar de manera cautelar las edificaciones en la costa».
Además ha recordado que «las obras que se lleven a cabo en las edificaciones ya existentes tendrán como premisa no aumentar el tamaño y la incorporación del principio de eficiencia energética», así como que la reforma establece una protección especial para las playas naturales, hasta ahora inexistente, y medidas de adaptación de la costa al cambio climático.
Finalmente, Crespo ha destacado que la nueva Ley de Costas es «beneficiosa para Andalucía porque a la vez que se protege el litoral, garantiza los derechos de los particulares y facilita la actividad económica siempre que sea respetuosa con el medio ambiente». A este respecto, ha subrayado que la Ley «preserva más de 30.000 empleos directos y un gran número de empleos directos en la comunidad autónoma».
ep