El Parlamento Europeo ha comunicado a la Mesa de la Ría que debatirá el próximo 26 de noviembre la extracción de gas de Repsol en la costa de Doñana, tras la denuncia del colectivo ciudadano.
Según ha informado la Mesa de la Ría en una nota, la denuncia, incluida en el Proyecto de Orden del Día de la Comisión de Peticiones de noviembre, trata sobre la extracción de gas, almacenamiento subterráneo, tratamiento y gestión de residuos en el entorno de Doñana y Ría de Huelva, por Repsol Investigaciones Petrolíferas SA (Ripsa), «sin autorización ambiental unificada y sin adaptarse a la Directiva Europea de control integrado de la contaminación IPPC».
De este modo, recuerdan que la petición tiene su origen en la denuncia de un grupo de vecinos de la Barrida del Matadero quienes además recogieron firmas contra «los vertidos de aguas geológicas» en una arqueta de la red de saneamiento a la depuradora de aguas residuales de Huelva, mediante el traslado de «unos 20.000 camiones cisterna anuales, procedentes de los pozos de extracción de gas Poseidon Norte y Sur ubicados en la costa y desde sus instalaciones en tierra, en la linde de Parque Nacional de Doñana».
Mesa de la Ría considera que tales hechos se producen y crean «una gran alarma social», porque en Andalucía los pozos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (directiva IPPC) «no se han adecuado a la legislación Europea» en el plazo límite establecido de 30 abril de 2008 y por ello, las empresas gestionan sus residuos «sin autorizaciones ambientales integradas o unificadas».
Ante esto, inciden en que de hecho la Comisión Europea «ya amenazó a España», tras la denuncia de Mesa de la Ría y Greenpeace, con acudir al Tribunal Europeo por este mismo motivo «ante la falta de adecuación a esa directiva de los vertidos descontrolados de residuos de fosfoyesos que Fertiberia depositaba en las marismas de la Ría de Huelva».
Sin embargo, a juicio de la Mesa de la Ría, «la Junta de Andalucía, sigue manteniendo que no es necesaria la adecuación a Autorización Ambiental Unificada de las instalaciones de Repsol en la costa de Huelva y tampoco, de ninguno de los pozos de gas existentes en Andalucía», con lo que el conjunto de las actividades de estas multinacionales «nunca se adaptaría a la Directiva de control integrado de la Contaminación Europea».
Ante esto, la Mesa de la Ría alerta de «la enorme preocupación y alarma social» que supone «desconocer las actividades que Ripsa realiza actualmente a 30 kilómetros de las playas de Huelva afectando con sus residuos a la propia la Ría de Huelva y a municipios del entrono, al no tener actualizadas las autorizaciones».
En la petición enviada a las autoridades Europeas, con anterioridad a la reciente polémica surgida con los sismos de la planta marina Castor, Mesa de la Ría denunciaba los riesgos de terremotos y tsunamis que conllevan estas actividades de inyección de gas en la costa de Huelva, y concretamente que: «mientras países como Holanda, debaten el riesgo de seísmos a cambio de extraer gas natural, España promueve proyectos como los del almacén de Gas Natural-Fenosa o extracciones de gas como la de Repsol en Doñana, al margen de la participación ciudadana y sin evaluar los riesgos de terremotos en zona sísmica y con riesgo de tsunamis, como la costa de Huelva».
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