La iniciativa ha sido presentada este jueves en Madrid por la PNME, la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma Ciudadana en defensa de las tierras del Senia, CECU, Equo y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, y cuenta con el apoyo de otros nueve colectivos, entre ellos Facua Catalunya y Ecologistas en Acción.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME) ha iniciado junto a otras asociaciones contactos con diversas fuerzas políticas del Congreso y el Senado con el objetivo de convencer a 50 diputados o senadores para que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la «deuda ilegítima» asociada al almacén subterráneo de gas de Castor.
La iniciativa ha sido presentada este jueves en Madrid por la PNME, la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma Ciudadana en defensa de las tierras del Senia, CECU, Equo y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, y cuenta con el apoyo de otros nueve colectivos, entre ellos Facua Catalunya y Ecologistas en Acción.
Estas asociaciones ya han buscado apoyos en ICV, BNG y Compromís a su iniciativa y están entablando este mismo jueves contactos con otras formaciones para trasladarles su reivindicación sobre Castor, para la que están organizando además una recogida de firmas en Internet.
La indemnización por Castor que percibirá la empresa Escal UGS asciende a 1.350 millones y será cargada sobre el sistema gasista, esto es, sobre la tarifa de gas, durante treinta años, de modo que al cabo de este periodo y una vez computados los intereses, los consumidores habrán asumido el pago de 4.700 millones.
Las asociaciones recuerdan que el proyecto provocó más de 400 terremotos y fue «mal planificado y mal ejecutado». «Pese a ello, se pretende que toda la responsabilidad recaiga en la población, que ya padece las severas consecuencias del aumento del desempleo y los recortes sociales», señalan.
Ante esta circunstancia, exigen el «no pago de esta deuda ilegítima», piden a los parlamentarios que impugnen el real decreto ley que establece la indemnización antes del 3 de enero, cuando finaliza el plazo para hacerlo, y reclaman la «depuración de responsabilidades a todos los niveles en este cúmulo de despropósitos llamado proyecto Castor».
ep
