El nuevo borrador del decreto sobre centros de datos sube de 1 a 10 megavatios el umbral general para aplicar las principales exigencias energéticas en este sentido; mientras mantiene firme la obligación de cubrir al menos el 80 % del consumo eléctrico horario con energías renovables.
Entre los cambios que se pueden ya contemplar en este nuevo texto está la ampliación hasta los 36 meses de la antigüedad permitida para las instalaciones renovables vinculadas, la suma de baterías de almacenamiento, así como una fase provisional de unos cinco años para ciertos proyectos con la condición de aceptar posibles interrupciones del suministro de la red eléctrica.
Pero no llueve al gusto de todos con esta propuesta. Entidades ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción ya han manifestado su postura con respecto a unos cambios que, a su juicio, solo van a rebajar la ambición ambiental de la normativa. Por su parte, desde la asociación del sector de los centros de datos se pone en duda que estos requisitos energéticos sean asumibles y se rechaza la interrumpibilidad.
El real decreto sobre centros de datos que prepara el ejecutivo central
El nuevo texto del real decreto sobre centros de datos, que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado, ha acentuado las quejas de las organizaciones ecologistas, que siguen con las movilizaciones, y no ha disipado el malestar de los promotores, que ven insuficientes los cambios introducidos.
El Ejecutivo, que espera aprobar la norma antes de las elecciones generales, considera que su última propuesta es «ambiciosa» y dará un «impulso adicional» a la energía solar fotovoltaica y a las tecnologías de almacenamiento.
Por el contrario, las organizaciones ecologistas creen que el nuevo texto es menos ambicioso que el anterior, que ya habían calificado de «insuficiente» para reducir el impacto ambiental de los centros de datos.
«Durante el trámite de audiencia pública (que concluyó en septiembre) pedimos mayor ambición, no menor», explican a fuentes de Ecologistas en Acción.
En la misma línea, Greenpeace exige al Gobierno una regulación «más ambiciosa», que no ceda «al chantaje empresarial».
«España no puede ser jauja para el beneficio económico de unas pocas empresas. Los cientos de infraestructuras de centros de datos que pretenden desembarcar en España no pueden pasar por encima de nuestro derecho al agua, a la electricidad renovable y accesible, y a un medio ambiente sano», explica a EFE María Prado, responsable de ‘Big Tech’ de Greenpeace.
Ecologistas en Acción ha pedido audiencia al Consejo de Estado y, bajo el paraguas de una iniciativa europea, ha convocado movilizaciones para los días 6 y 7 de noviembre en puntos como Madrid, Zaragoza, Huesca, Granada o Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
Los protestas contra la instalación de centros de datos se han multiplicado en los últimos meses, tanto en España como en países como Francia o Estados Unidos.
Un informe reciente elaborado por investigadores de dos organizaciones independientes sin ánimo de lucro, EnergyTag y PyPSA Labs, respalda la conveniencia de que los centros de datos cuenten con nueva generación eléctrica renovable.
«El Gobierno español tiene razón: la demanda de nuevos centros de datos debe ir acompañada de una nueva oferta de energía limpia«, sostiene el informe.
No obstante, los autores aconsejan fijar como objetivo un promedio anual de suministro renovable que empezaría en el 80 % y debería llegar al 90 % al final del periodo transitorio. El último texto del Ejecutivo español fija un umbral mínimo en cada hora (no un promedio) del 80 %.
Qué añade o modifica este texto sobre los centros de datos
Las organizaciones ecologistas creen que el nuevo texto es menos ambicioso que el anterior, que ya habían calificado de «insuficiente» para reducir el impacto ambiental de los centros de datos.
El nuevo texto flexibiliza algunas de las condiciones fijadas en el primer borrador. Por ejemplo, establece que el consumo eléctrico de los centros de datos de más de 10 megavatios deberá proceder al menos en un 80 % de fuentes renovables, bien a través de instalaciones propias o de contratos de suministro a largo plazo. En el texto inicial, el umbral se había fijado en un megavatio.
Esos contratos se podrán suscribir con instalaciones renovables que lleven operativas, como máximo, 36 meses, condición que no se aplicará a los parques solares. El plazo del borrador inicial era de 18 meses.
Otro cambio es la incorporación, como alternativa, del suministro desde baterías de almacenamiento.
El texto revisado concede dos opciones a los promotores: lograr desde el principio que el 80 % de la energía proceda de fuentes renovables o acogerse a un periodo transitorio de cinco años.
Durante ese tiempo, los centros de datos deberán aceptar la interrumpibilidad, es decir, la posibilidad de que Red Eléctrica les corte el suministro en caso de necesidad.
A la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) tampoco le convence el nuevo texto, porque, en su opinión, mantiene requisitos inviables y añade nuevos riesgos.
Según SpainDC, resulta «especialmente grave» que los centros de datos que se quieran acoger a una transición gradual deban aceptar la interrumpibilidad.
«Se mantienen unas condiciones energéticas extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón», ha señalado Emilio Díaz, presidente de SpainDC.
La asociación trasladará sus quejas al Consejo de Estado y pedirá que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pronuncie sobre este nuevo texto, aunque ya lo hizo sobre el borrador inicial.
Además, SpainDC analizará la cobertura jurídica de las obligaciones fijadas por el Gobierno y comprobará si el texto cumple la legislación europea.
El sector renovable también considera que el nuevo texto es mejorable. Según APPA Renovables, el proyecto no resuelve los problemas de fondo y mantiene «exigencias prácticamente imposibles de cumplir».
El control ambiental del sector también tiene una vertiente europea. El Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 establece obligaciones de comunicación de información para centros con una potencia instalada de tecnologías de la información de al menos 500 kilovatios. Los indicadores abarcan consumo energético, agua, reutilización del calor y participación renovable. Estos datos permiten evaluar aspectos distintos de una misma instalación: acreditar electricidad renovable aporta información sobre su suministro, mientras medir el agua y la eficiencia permite conocer mejor su huella operativa.
