Un informe recientemente presentado por la organización Oceana ha puesto en evidencia que España está asignando sus posibilidades de pesca basándose en el historial de capturas. Esto solo favorece a las flotas industriales en detrimento de los barcos artesanales.
España prioriza a las flotas industriales sobre las artesanales al asignar posibilidades de pesca, según revela la última investigación publicada por la organización de protección marítima. Por ello, piden a España y a los Estados miembros de la UE más transparencia en los procesos de asignación de posibilidades de pesca y que den mayor peso a la reducción del impacto de esta actividad sobre el medo marino y a la creación de empleo local, para favorecer a las comunidades costeras.
El informe expone que, a pesar de los progresos de España en la asignación de las posibilidades de pesca, el historial de capturas representa un 70% de la ponderación en la asignación, es decir, que prioriza a las embarcaciones que tienen un historial de mayores capturas. De esa manera, margina las consideraciones socioeconómicas – ponderadas en un 20%, incluyendo la contribución de las flotas al empleo y a la economía, y medioambientales – ponderadas solo en un 10%.
Javier López, director de la campaña de pesca sostenible de la organización medioambiental en Europa, declara que «Las prácticas pesqueras menos perjudiciales para el medio ambiente y que proporcionan mayores beneficios a la sociedad deberían tener acceso preferente a los recursos pesqueros. Pero hoy en día, no es el caso.
En España, una de las mayores potencias pesqueras de Europa, las embarcaciones que históricamente han pescado más obtienen más posibilidades de pesca. Esto reduce los incentivos para avanzar hacia una pesca más sostenible y discrimina a los pescadores artesanales, que son un componente esencial de las localidades costeras.»
Falta de transparencia en las decisiones respecto a la pesca
Además, España no es todo lo transparente que debería en sus procesos de asignación. Si bien en muchos casos se publican los resultados iniciales del reparto, incluso a nivel de embarcación, en los diarios oficiales y página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, esta información no está actualizada ni se proporciona información accesible sobre la metodología, los criterios detallados y ponderación en la asignación.
«Es preciso que España cambie sus prácticas de asignación para garantizar una explotación más equitativa y sostenible de los recursos pesqueros, en consonancia con sus obligaciones legales y de manera que beneficie al sector pesquero, las comunidades que dependen de esta actividad y el medio ambiente marino,» añade López.
En el marco del Consejo de la Unión Europea, los ministros y ministras de pesca de cada país acuerdan las posibilidades de pesca, incluyendo los Totales Admisibles de Capturas en el océano Atlántico y las restricciones de esfuerzo a la pesca en el mar Mediterráneo.
Después, cada Estado miembro decide cómo repartir las cuotas o los días de pesca autorizados entre sus flotas pesqueras nacionales. El artículo 17 de la Política Pesquera Común les exige legalmente que, al asignar las posibilidades de pesca, apliquen criterios objetivos y transparentes, incluyendo aquellos de naturaleza ambiental, social y económica. Sin embargo, en la práctica no respetan esta obligación.
El informe se centra en España, pero también se ha publicado otro informe sobre Francia (en coautoría con BLOOM), ya que ambos países son las mayores potencias pesqueras de la UE y tienen costas tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.
Recomendaciones
- Que se ajusten progresivamente la ponderación de los criterios para asignar posibilidades de pesca, de manera que dependan menos de los registros históricos de capturas y se centren más en los criterios ambientales y socioeconómicos, como el impacto en el medio marino (daños a los hábitats, selectividad de los aparejos de pesca, huella de carbono) y la importancia de la embarcación para la comunidad pesquera local (oportunidades de empleo y contribución a la economía local).
- Aplicar una mayor transparencia a los procesos de asignación, haciendo pública y accesible la información sobre los criterios, la metodología y la ponderación aplicada, así como el resultado de dichos procesos.
