La Junta de Extremadura quiere liderar el desarrollo sostenible. Estas actuaciones son un modelo demostrativo del futuro al que se quiere y se debe dirigir.
La Junta de Extremadura prepara la licitación para el suministro de la energía eléctrica de sus dependencias en el que, por primera vez, se requiere que la empresa adjudicataria del contrato acredite que la totalidad de la energía eléctrica suministrada sea de origen renovable, mediante el sistema de Garantía de Origen que gestiona la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En el actual contrato, que expira próximamente, la Junta de Extremadura valoró en el momento de la licitación que un porcentaje de energía ofertado tuviera garantía de origen renovable.
Esta nueva licitación supone «un paso más» hacia un modelo basado en la energía verde y circular, con la inclusión como condición «obligatoria» que el cien por cien de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables y cogeneración de alta eficiencia.
Esta exigencia supone un complemento para la transformación hacia el modelo de consumo energético «más sostenible, más eficiente y con menos emisiones de gases de efecto invernadero» propuesto por la reciente Estrategia de Eficiencia Energética en los Edificios Públicos de la Administración Regional de Extremadura 2018-2030.
Con esta actuación, se refuerza el compromiso y la actitud «proactiva» de Extremadura en materia de transición energética, lucha contra el cambio climático y desarrollo sostenible reflejado en iniciativas estratégicas y de planificación, como son la Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030 y el próximo Plan Extremeño Integrado de Economía y Clima 2030.
Un plan en el que se definirán las líneas de actuación y objetivos propios en materias como la descarbonización, la mitigación de las consecuencias de los gases de efecto invernadero y la presencia de las energías renovables, señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.
Además, las propias condiciones de la licitación introducen también determinadas cláusulas de carácter medioambiental, derivadas de la nueva Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable de Extremadura aprobada en la pasada legislatura.
