El Gobierno catalán ha acordado plantear un requerimiento de incompetencia ante el Ejecutivo central en relación con varios artículos del real decreto de ayudas para la compra de vehículos comerciales no contaminantes, denominado PIMA Aire, ya que considera que invaden competencias de la Generalitat.
La Generalitat ha argumentado que el real decreto prevé la gestión centralizada del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente «sin tener en cuenta las competencias asumidas por la Generalitat», que incluyen el desarrollo normativo y la ejecución de leyes en materia de medio ambiente, así como la competencia para establecer normas adicionales de protección.
El 8 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el PIMA Aire, que consiste en un incentivo de 2.000 euros para la compra de vehículos de hasta 2.500 kilos (1.000 aportados por Medio Ambiente y otros 1.000 por las marcas) y de 4.000 euros para los de más de 2.500 kilos (2.000 del Ministerio y 2.000 de las marcas), a cambio de entregar para el achatarramiento vehículos de hasta 3.500 kilos con una antigüedad mínima de siete años.
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