Un total de 29 investigadores en formación de Castilla-La Mancha que han recibido una notificación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes comunicando «la no renovación» de sus ayudas predoctorales han decidido solicitar a la Comisaria Europea Máire Geoghegan-Quinn su mediación «para evitar que se lleve a cabo esta reducción de financiación en la región, que se traducirá en pérdidas millonarias y mermará el desarrollo y crecimiento de la región».
En su misiva, los investigadores explican que al no renovarse sus contratos, además de que tendrán que dejar sus tesis a medias, «se incumple el acuerdo de la convocatoria» de estas ayudas –cofinanciadas por la Unión Europea y el Programa Operativo Fondo Social Europeo– que estipula la continuidad de la misma hasta 2014.
Según ha informado en un comunicado la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, en su misiva a la Comisaria Europea, los 29 investigadores predoctorales explican que iniciaron su carrera profesional en el 2010 gracias a unas ayudas destinadas a la formación de personal investigador en el marco del Programa de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2005-2010 (PRINCET).
Sin embargo, continúan, la pasada semana recibieron «información» desde la Consejería sobre «la intención de parar» sus investigaciones «mediante la anulación de la renovación en septiembre y noviembre» de las ayudas, «incumpliendo con el acuerdo de la convocatoria que estipulaba la continuidad hasta 2014».
Los investigadores indican que en esa renovación pasarían de poseer una beca a tener un contrato de dos años que les proporcionaría el tiempo suficiente para terminar sus tesis doctorales y optar al título de doctor.
Aunque la no renovación de sus becas «se excusa en la situación económica actual de la región», según han señalado los afectados, cubrir el periodo de contrato –dos años– de todas las becas que se pretenden cancelar supondría unos 953.330 euros.
Los investigadores contrastan su situación con el hecho de que en los Presupuestos autonómicos para 2012 «hayan sido incrementadas otras partidas presupuestarias, como la destinada a la alta dirección de la Comunidad Autónoma, cuya asignación ha sido casi duplicada en comparación con los presupuestos del 2011».
Por todo ello, los afectados señalan que su no renovación supondría una «merma drástica en el número de personas que se dedican a la investigación en esta región» y que la productividad científica de la Universidad de Castilla-La Mancha y de los centros de investigación que se beneficiaron de esta ayuda para recursos humanos «se va a ver seriamente resentida».
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