Según informa el Gobierno regional en una nota de prensa, los ejemplares fueron intervenidos puesto que el propietario no pudo acreditar su tenencia y procedencia, definida como ilegal según la Ley 7/1998, de 6 de julio de Caza de Canarias que estipula la prohibición de la comercialización de especies cinegéticas, como las incautadas.
Por su parte, la intervención concluyó con el levantamiento de la correspondiente acta por infracción administrativa, tipificada como grave, con multas que van de los 600 a los 3.000 euros.
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