Los colectivos ecologistas y sociales han lanzado una advertencia sin precedentes: si la reforma de la ley de protección del Mar Menor se aprueba en la Asamblea Regional, recurrirán a los tribunales para frenar lo que consideran un retroceso ambiental histórico.
La ley de protección del Mar Menor se enfrenta a su mayor amenaza política
Colectivos sociales y ecologistas advierten de acciones judiciales si prospera la reforma de la ley de protección del Mar Menor pactada entre PP y Vox.
El PP reabre la ley de protección del Mar Menor para contentar a Vox
Los colectivos ecologistas y sociales de defensa del Mar Menor han exigido al PP que retire la proposición de ley para modificar la ley de protección de la laguna salada y han advertido de que, si finalmente esa reforma sale adelante en la Asamblea Regional, estudiarán denunciarla en los tribunales apoyados en la personalidad jurídica del ecosistema.
Así lo ha advertido este jueves el portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, que, junto con representante de otros grupos de defensa de la laguna, se ha reunido con el delegado del Gobierno central en Murcia, Francisco Lucas, para analizar la propuesta de modificación de la ley aprobada en 2020.
Cambiar esa ley de protección fue una de las condiciones impuestas por Vox para la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma y una de las reclamaciones históricas del partido ultra y, tras una ronda de comparecencias en la Asamblea Regional en la que no participaron representantes de estos colectivos ecologistas y sociales, el PP registró el pasado 23 de diciembre su propuesta para modificar la ley.
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En concreto, se prevé modificar la Disposición adicional cuarta para cambiar a la baja la cuantía de las sanciones económicas a las empresas que no cumplan la ley, y el artículo 83.4, sobre la posibilidad de que esas empresas que infringen la normativa puedan recibir ayudas y subvenciones públicas.
Ecologistas denuncian que la reforma protege a empresas contaminantes
Para el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, que también ha participado en la reunión, esta propuesta es “un regalo a las empresas infractoras de un sector que es el principal responsables de la entrada de nitratos” al Mar Menor que, si bien no es el único problema que afecta al ecosistema, ha dicho, sí es el principal y el que es más necesario atajar.
Así, la propuesta del PP “premia al infractor reduciendo las sanciones y saltándose el impedimento de que pueda recibir ayudas europeas”.
Pagán ha recordado que el 90 por ciento de ayudas procedentes de la PAC acaba en manos de grandes multinacionales agrarias que son, precisamente, las más incumplidas en materia de uso de fertilizantes.
De hecho, la UE ya ha condenado a España por incumplir la normativa en materia de nitratos procedentes de la agricultura, en buena medida, derivado de las empresas agrícolas murcianas, por lo que no se explica que se vaya a reducir el impacto económico de las sanciones a esas empresas y se les vaya a abrir la puerta a las subvenciones públicas.
Luengo ha añadido también que la ley de Protección del Mar Menor no ha llegado a desarrollarse en su totalidad en los cinco años que lleva en vigor, estando pendientes todavía cuestiones clave para su funcionamiento como la aprobación del Plan de Ordenación Territorial para fijar los usos del entorno de la laguna, por lo que es una “hipocresía” plantear las modificaciones actuales sin haber terminado siquiera el desarrollo de la norma.
La personalidad jurídica del Mar Menor, clave en la batalla judicial
Los colectivos de protección del Mar Menor han convocado una reunión el próximo 21 de enero en el edificio Moneo de Murcia para explicar a organizaciones y ciudadanos en qué consiste la modificación de esta ley y cómo puede afectar a la protección de la laguna.
Después, no descartan movilizaciones e incluso si la propuesta llega a aprobarse, se reservan el derecho a llevar a la comunidad autónoma ante los tribunales, ha dicho.
El delegado del Gobierno ha trasladado a los colectivos sociales su “compromiso personal” en defensa del Mar Menor y ha lamentado la intención del Gobierno regional de “desmantelar una ley de consenso y que ha conseguido grandes avances”.
En ese sentido, ha apuntado que el presidente regional, Fernando López Miras, “no pinta nada” en el Ejecutivo, sino que es “una marioneta de la ultraderecha”, por lo que le ha hecho un “llamamiento a la responsabilidad” para no “tirar a la basura” los avances logrados en protección del Mar Menor.
