La Justicia de Salta ha ampliado a los 21.805 millones de pesos argentinos, unos 13 millones de euros, el embargo preventivo de dos inmuebles de Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen, empresarios agropecuarios.
No es una multa definitiva, es solo una garantía judicial en caso de que haya que cubrir una restauración forzosa del bosque. La medida, por el momento, está recurrida y aún está pendiente de una resolución final.
Un embargo récord
El Juzgado Civil de Personas y Familia de Tartagal dio orden de ampliar la medida cautelar dictada en un primer momento sobre los dos inmuebles, próximos a la localidad de Dragones. Estos embargos tienen como objetivo poder garantizar que hay recursos disponibles para una posible restauración.
En un primer momento, la garantía era de 171 millones de pesos argentinos, unos 100.000 euros, pero con esta revisión, pasa a 21.805 millones de pesos argentinos, el equivalente a unos 13 millones de euros. Esta es la cantidad que calculó el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, y para ello, tuvo en cuenta el nuevo coste actualizado para recuperar el ecosistema.
También han aumentado las sanciones procesales a 67,92 millones de pesos argentinos, alrededor de 40.000 euros, una cantidad que nada tiene que ver con el embargo preventivo.
Once mil hectáreas arrasadas
Todo esto es por las más de 11.000 hectáreas de bosque nativo desmontadas de forma ilegal en la Finca Cuchuy, en el departamento de San Martín, Salta. Según Greenpeace, los daños causados abarcan 11.815 hectáreas, casi 120 kilómetros cuadrados.
El desmonte habría tenido lugar, según denuncia Greenpeace, durante varios meses, y se usaron 18 topadoras. El expediente de paralización se abrió en 2013, y Juan José Karlen fue condenado dos años después por desobedecer las órdenes.
Un plan de 30 años
En el año 2017, los Karlen dieron su compromiso para restaurar los daños causados, además de intentar la integración de las comunidades indígenas durante el proceso, al igual que de familias criollas de la zona. El acuerdo se hizo oficial en diciembre de 2018, en el que se comprometían a un trabajo continuo que debía durar 30 años.
Pero desde 2019 hasta la actualidad, los informes hablan de ausencia de la restauración pactada, además de agricultura no autorizada en la zona, almacenamiento indebido de maíz y falta de reforestación.
Pero ahora ya no solo es Greenpeace, todo el seguimiento cuenta ahora con organismos públicos, universidades y centros de investigación. Han usado imágenes por satélite y vuelos con drones para certificar que nada de lo pactado se está llevando a cabo.
La ley obliga a recomponer
La Ley Nacional de Bosques es clara a la hora de establecer las bases para conservar y restaurar los bosques nativos, del mismo modo que la Constitución en Argentina determina que, al producirse un daño ambiental, es obligatorio recomponerlo.
La ampliación del embargo se ha recurrido y piden dejar sin efecto todo el proceso. En caso de que finalmente la medida sea firme, los bienes se utilizarán para la financiación de la restauración. El objetivo final no es recaudar, es que el bosque pueda recuperarse.
El comunicado se ha publicado en el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta.
