La regulación de centros de datos obligará a las grandes instalaciones a respaldar cada hora al menos el 80 % de su consumo con nueva generación renovable, mientras endurece los requisitos de eficiencia energética, consumo de agua y soberanía digital.
El giro regulatorio no consiste únicamente en exigir electricidad verde. España pretende que cada nuevo megavatio consumido por las instalaciones de más de 1 MW quede respaldado por nueva potencia renovable puesta en servicio durante los 18 meses anteriores y acreditada hora a hora mediante autoconsumo o contratos PPA.
Este criterio de adicionalidad busca impedir que los centros absorban generación limpia ya existente y desplacen a hogares e industrias hacia electricidad fósil más cara. La urgencia reside en la brecha entre los 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica calculados para 2030 y los más de 12 GW de derechos de acceso concedidos desde 2021.
La regulación de centros de datos convierte así el acceso a la red, el agua y la transparencia ambiental en filtros para separar los proyectos viables de una posible burbuja especulativa.
Regulación de centros de datos, la asignatura pendiente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la necesidad de anticiparse a la expansión de los centros de datos con una regulación que establezca requisitos de eficiencia energética e hídrica y vincule el aumento de su demanda eléctrica a capacidad renovable adicional.
“Nuestro objetivo debe ser comerciar con bytes, no con vatios”, afirma Sánchez en un artículo de opinión publicado este jueves por Bloomberg, en el que aboga por que estas infraestructuras crezcan en consonancia con la capacidad del sistema eléctrico.
El jefe del Ejecutivo se refiere así al proyecto de real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital aplicables a estas instalaciones.
Impulso de energía renovable
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió el trámite de audiencia e información pública el 27 de agosto por la vía de urgencia. El plazo de alegaciones concluyó el 10 de septiembre y la tramitación se encuentra ahora en la fase de análisis de los comentarios y elaboración de los informes normativos, antes de su aprobación en Consejo de Ministros.
El borrador afecta a los centros con una potencia de acceso igual o superior a un megavatio, incluidos los nuevos desarrollos y aquellos que cuentan con permisos pero aún no se han conectado a la red. Exige cubrir el 80 % de su consumo energético total con nueva generación renovable, mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo.
En su artículo, Sánchez explica que la propuesta parte del principio de que el acceso a la red es «un activo estratégico escaso» y no debería quedar bloqueado por iniciativas sin credibilidad, viabilidad o una contribución significativa a la economía y la sociedad.
El marco introduce normas de eficiencia energética e hídrica y obligará a los centros de datos a divulgar indicadores clave de rendimiento para evaluar y comparar su uso de recursos y desalentar el desperdicio.
“Cualquier aumento de la demanda eléctrica debe ir acompañado también de capacidad renovable adicional”, señala. Los nuevos grandes consumidores, en su opinión, no deberían competir con la demanda existente ni propiciar una mayor dependencia de los combustibles fósiles, sino ayudar a impulsar la inversión en la transición energética.
Según explica en su artículo, la regulación también combina salvaguardias sobre el control de los datos y la gestión de las infraestructuras con incentivos para ampliar el sector tecnológico europeo y reforzar la soberanía del continente.
«Debemos anticiparnos» a posibles problemas de suministro
Sobre España, Sánchez sostiene que aún está lejos de afrontar las presiones que experimentan otros países, aunque la situación económica y la capacidad renovable españolas han despertado un elevado interés inversor que hará que las necesidades energéticas de estas instalaciones superen las expectativas.
Las estimaciones actuales de demanda eléctrica para capacidad de computación llegan hasta los 4 gigavatios para 2030, pero las solicitudes y los permisos concedidos superan varias veces esa cifra, según el responsable del Ejecutivo español.
Aunque muchos proyectos probablemente no se materialicen, el presidente advierte: “Nos estamos acercando a un punto de inflexión y debemos actuar para anticiparnos”.
Así, argumenta que regular de forma preventiva resulta más eficaz que intervenir como reacción a los problemas. Como ejemplo, cita que los centros de datos supusieron el 21 % del consumo eléctrico de Irlanda en 2023 y podrían alcanzar el 32 % este año.
También menciona estudios que relacionan estas infraestructuras con aumentos de temperatura en su entorno y del precio de las viviendas cercanas.
“El objetivo no es ralentizar el crecimiento ni limitar la innovación”, concluye, sino garantizar que ambos sean económicamente sostenibles y justos desde el punto de vista ambiental y social.
