El transporte público en España cae al noveno puesto europeo porque el Abono Único todavía excluye metro, tranvías y autobuses urbanos, mientras Madrid pierde doce posiciones tras aumentar un 50 % el coste efectivo de su abono mensual.
El coste de los transportes públicos que usamos de manera habitual en muchas ciudades han subido en 14 capitales europeas si los comparamos con los precios de hace tres años; como ha constatado la organización ecologista Greenpeace en un informe que ha analizado esta misma realidad en una treintena de países.
¿Y qué puesto ocupa España en este caso? El noveno, con 52 puntos sobre 100, lo que se traduce en que tres posiciones menos con respecto a 2023 debido sobre todo a uno de los mayores incremento con un una subida del 50% en el coste del abono mensual para los usuarios. Este mismo estudio tampoco ha pasado por alto las limitaciones del Abono Único español que se puso en marcha en enero.
Analizado el transporte público en España y toda Europa
Los precios de los abonos de transporte público han aumentado en 14 capitales europeas en los últimos tres años, según revela un nuevo informe publicado hoy por Greenpeace. El análisis evalúa si los billetes de transporte público en 30 países (los 27 Estados miembros de la UE, Reino Unido, Suiza y Noruega y sus respectivas capitales) [1] son asequibles y están disponibles para la gente.
En esta nueva edición, España se sitúa en el puesto nº 9 con 52 puntos sobre 100, perdiendo tres posiciones respecto a la clasificación de 2023, y siendo superada por países como Eslovenia. Por su parte, Madrid sufre un retroceso al pasar de la 6ª a la 18ª posición (77/100 puntos), tras registrar un encarecimiento del 50% en el precio de su abono mensual para el usuario final.
El informe sitúa a Londres (162 €/mes), Ámsterdam (107 €/mes) y París (77 €/mes) como las capitales con el transporte público más caro. Además, destaca que los tres mayores incrementos de tarifas en abonos de larga duración desde 2023 han tenido lugar en Nicosia (+67 %), Ámsterdam (+55 %), además de en Madrid (+50 %), como se ha señalado antes [2].
España: un abono único aún muy limitado
España se convirtió a principios de año en el último país europeo en poner en marcha un título nacional con el lanzamiento del Abono Único en enero de 2026 (60 € al mes de tarifa general, 30 € para jóvenes de hasta 26 años).
Este título es actualmente válido en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses de competencia estatal. Sin embargo, su principal limitación es que aún no incluye las redes de transporte público urbano y autonómico, un factor determinante en la pérdida de posiciones de España en el ránking europeo.
España ha caído tres posiciones hasta situarse en el puesto 9 del ránking, pues el lanzamiento del Abono Único a principios de año no ha supuesto ningún salto de puntuación significativo respecto a 2023, cuando ya se aplicaban importantes medidas temporales de descuento en los precios del transporte.
Además, otros países como Eslovenia han introducido en este tiempo abonos climáticos nacionales más económicos y que superan la oferta española en los criterios de asequibilidad del estudio. A esta competencia se añaden las limitaciones apuntadas anteriormente.
Respecto a las capitales, Madrid ha sufrido un acusado descenso de 12 posiciones, pasando del puesto 6 al 18. ¿La principal causa? Un incremento nominal del 50% en el precio del abono mensual pagado por las personas usuarias.
Esta subida de coste no obedece a un aumento en la tarifa base regular (que se ha mantenido congelada en 54,50 €), sino a la reducción de la bonificación subvencionada del 60% al 40%.
Asimismo, la capital se ve perjudicada en el ránking por no haber integrado aún su red local en el sistema del Abono Único estatal y porque ciertos beneficios, como el descuento general del 20% para personas con discapacidad, no han alcanzado el umbral mínimo del 25% requerido por el estudio para sumar puntos en la evaluación de inclusión social.
Las comunidades autónomos tienen que adherirse ya
El informe sitúa a Londres (162 €/mes), Ámsterdam (107 €/mes) y París (77 €/mes) como las capitales con el transporte público más caro.
Greenpeace valora el Abono Único como un paso clave, pero hace un llamamiento urgente a los Gobiernos autonómicos, ayuntamientos y consorcios de transporte para que firmen su integración sin dilación, ya que la norma estatal está concebida como un marco de adhesión voluntaria para las Administraciones territoriales.
“El lanzamiento del Abono Único ha sido un paso fundamental, pero este sólo es útil para los sistemas de transporte de competencia estatal y no permite que la gente pueda usarlo para coger el autobús o el metro de su ciudad, por lo que no es plenamente efectivo”, señala Cristina Arjona Molina, responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace España.
“Con la reciente publicación de la Orden Ministerial, las comunidades autónomas ya disponen del marco legal y presupuestario. Exigimos a los Gobiernos regionales que tramiten de inmediato su adhesión y no bloqueen el derecho a la movilidad sostenible. No podemos permitirnos un sistema de transporte a dos velocidades que deje fuera al medio rural o a los entornos metropolitanos”, añade Arjona Molina.
Asimismo, la organización pide al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que active los sistemas de incentivos previstos en la Orden para acelerar la implantación regional y que se ponga en marcha un plan de choque urgente para ampliar la flota y las frecuencias del transporte público, garantizando que la red pueda absorber el previsible incremento de la demanda.
Respuesta urgente ante la crisis climática y energética
El informe de Greenpeace pone de relieve que sólo 8 de los 30 países analizados disponen de abonos climáticos universales o transporte gratuito. Mientras tanto, el sector del transporte es el único en la UE donde las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, absorbiendo además el 65 % del petróleo que se consume en territorio europeo. En España, el sector del transporte representa ya el 34,2% del total de las emisiones en 2025, con un aumento del 2,4% respecto a los datos del año anterior.
En un contexto de inestabilidad geopolítica, volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y eventos climáticos extremos como olas de calor y sequías, impulsar el transporte colectivo es una prioridad social, económica y ambiental.
“En un momento en el que las familias sufren el elevado coste de la vida y la emergencia climática se acelera, es inaceptable que desplazarse en transporte limpio siga siendo tan costoso o complejo. La introducción de billetes climáticos verdaderamente integrados y asequibles es una de las medidas más rápidas y eficaces para reducir emisiones, ser menos dependientes del petróleo, ahorrar costes a los hogares y ofrecer alternativas reales al coche privado”, apunta Arjona Molina.
A nivel comunitario, Greenpeace urge a la Comisión Europea a respaldar las iniciativas nacionales de billetes climáticos con vistas a la creación de un abono climático único europeo, vinculando la financiación del Fondo Social por el Clima al establecimiento de objetivos de asequibilidad y cobertura en el transporte colectivo.
