Los países parte de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional acuerdan negociar un instrumento contra los delitos ambientales y reconocen el papel de los pueblos indígenas, cuya participación queda por definir.
Delitos ambientales
Los delincuentes que trafican con madera, fauna, minerales y residuos afrontan un nuevo paso hacia una respuesta internacional coordinada. Los países parte de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobaron este viernes en Viena abrir negociaciones para elaborar un protocolo contra los delitos ambientales, con 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones.
La idea, impulsada por ocho países latinoamericanos junto con tres africanos, crea un comité encargado de redactar el futuro instrumento. La decisión inicia la negociación, pero todavía no aprueba el protocolo ni establece su contenido definitivo. Su objetivo es reforzar la prevención, la investigación y la persecución de actividades como el tráfico de especies, la minería ilegal y el tráfico de residuos.
La resolución también reconoce el aporte de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Sin embargo, aún no concreta cómo estos participarán en el proceso. Representantes indígenas y ONG ambientales reclaman que ese reconocimiento se traduzca en una intervención efectiva en el diseño del acuerdo.
Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc)
Los Estados parte de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc) aprobaron este viernes en Viena abrir negociaciones sobre un protocolo contra los delitos ambientales, una iniciativa impulsada por ocho países latinoamericanos que reconoce el papel de los pueblos indígenas en la lucha contra esos crímenes.
La resolución recibió un amplio respaldo, con 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones. La Untoc es el único tratado mundial vinculante contra el crimen organizado transnacional.
Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Irán y Arabia Saudí figuraron entre los países que votaron en contra, mientras que la mayoría de los países europeos y latinoamericanos respaldaron el texto.
Brasil, uno de los promotores de la resolución, calificó de «histórica» la decisión y agradeció a la sociedad civil sus llamamientos para reforzar la lucha contra los delitos que afectan al medioambiente.
Con esta decisión se crea un comité especial encargado de elaborar un protocolo adicional a la Convención para combatir el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, incluida la madera, la minería ilegal, el tráfico de minerales y metales preciosos y el de residuos.
La iniciativa fue presentada por Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.
La decisión abre el proceso negociador, pero no aprueba el contenido del futuro instrumento jurídico.
Los pueblos indígenas tienen mucho que decir
El texto reconoce la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales para apoyar los esfuerzos de los Estados contra los delitos ambientales y la corrupción asociada, de acuerdo con las legislaciones nacionales.
Ese reconocimiento sitúa a las poblaciones que habitan muchos de los territorios afectados entre los actores que contribuyen a combatir esas actividades.
La resolución advierte de que los delitos ambientales no dañan solo los ecosistemas: también amenazan la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
El reconocimiento de los pueblos indígenas figura en el preámbulo de la resolución aprobada, que no establece todavía un mecanismo para su participación en las negociaciones, una cuestión que quedará por definir durante el proceso.
«Esta decisión histórica permite a la comunidad internacional finalmente acordar respuestas coordinadas frente al delito ambiental transnacional«, afirmó a EFE Raphael Hoetmer, director del programa de Amazonía Occidental de la ONG Amazon Watch.
«Sin embargo, solo será efectivo si se discute, diseña e implementa con la participación efectiva de los pueblos indígenas, quienes salvaguardan ecosistemas como la Amazonía«, advirtió.
Brayan Mojanasinsoy, portavoz del pueblo indígena inga del Putumayo, en el sur de Colombia, destacó en declaraciones a EFE que los pueblos indígenas son los que sufren sobre el terreno las consecuencias de estos delitos.
«Estamos en los territorios, donde enfrentamos de forma cotidiana las economías ilícitas y el crimen organizado: con nuestros guardias, sistemas de monitoreo y conocimiento ancestral«, dijo.
«Sin nosotros, los pueblos indígenas, no hay seguridad en la Amazonía«, sostuvo Mojanasinsoy, que forma parte de una delegación de líderes amazónicos que estuvo esta semana participando en la Untoc.
«Por ello, debemos ser consultados en la elaboración del protocolo», reclamó.
Estados Unidos quiere frenar la iniciativa
Según una fuente conocedora de las negociaciones, Estados Unidos presentó tres propuestas de enmienda destinadas a frenar la votación o retrasar el proceso, como limitar su financiación y aplazar las decisiones durante dos años, pero ninguna de ellas prosperó.
Los promotores de la resolución argumentaron que, pese a la existencia de distintos acuerdos internacionales relacionados con la protección ambiental, falta un instrumento universal contra los delitos medioambientales transnacionales.
El futuro protocolo deberá reforzar la prevención, la investigación, la persecución y el enjuiciamiento de esos delitos dentro de las competencias de la Untoc, según establece el documento aprobado.
La resolución fija, además, dos límites: el nuevo instrumento deberá respetar la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y evitar interferencias o duplicaciones con los acuerdos ambientales multilaterales existentes.
La Untoc cuenta actualmente con tres protocolos específicos, dedicados a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las armas de fuego.
Con lo aprobado hoy en Viena se abre la vía para añadir otro protocolo centrado en las redes criminales que explotan y trafican con los recursos naturales.
Más allá del protocolo
Para desmantelar estas redes, detener un cargamento ilegal debería ser el inicio de la investigación, no su punto final. Seguir el recorrido del dinero y la documentación utilizada para comercializar los recursos puede ayudar a identificar a quienes financian las operaciones y obtienen sus beneficios.
El valor del futuro protocolo dependerá también de que facilite esa cooperación entre países: conectar lo que ocurre en el territorio de extracción con los intermediarios y los mercados de destino permitiría actuar sobre toda la cadena delictiva.
