Alianza por el Clima reclama que se sitúe a la justicia climática en el centro de la próxima legislatura y que la apuesta sea por más viviendas públicas, mayor protección frente a la pobreza energética y una salida real de los combustibles fósiles.
Alianza por el Clima ha presentado 10 propuestas de cara a las próximas elecciones que España celebrará el 29 de noviembre próximo, las mismas se basan en la siguiente premisa de justicia climática: una vivienda digna, un empleo con derechos y una factura energética asumible son parte de la necesaria respuesta que debe plantearse ante la crisis climática.
Bajo el lema ‘Casas para vivir, un planeta para habitar’, la plataforma ha reunido una serie de propuestas y ha hecho un planteamiento de justicia climática que vincula la ampliación de la oferta pública de viviendas, el transporte colectivo accesible y la rehabilitación energética mediante una transición que proteja a los trabajadores y a los territorios.
El documento reclama que exista un compromiso verificable de abandono de los combustibles fósiles, que se busque adaptar a los pueblos y las ciudades a los fenómenos extremos y que se apoye la agricultura familiar. También se pide que quien contamina y acumula los mayores beneficios vinculados a las emisiones sea el que pague por la crisis climática.
La justicia climática en el 29-N
Ante las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, Alianza por el Clima presenta un decálogo de medidas para situar la justicia climática y social en el centro de la próxima legislatura. La plataforma, integrada por las cinco grandes organizaciones ecologistas, los principales sindicatos y numerosas entidades sociales, de cooperación, agrarias y de defensa de los derechos humanos, hace públicas diez demandas.
Las mismas buscan impulsar una transformación ecosocial que garantice una vida digna para todas las personas, reduzca las desigualdades y permita afrontar la emergencia climática. Lo hace en un momento excepcional: miles de personas se mantienen acampadas en plazas de todo el país y se preparan para la huelga general del 11 de noviembre.
Bajo el lema “Casas para vivir, un planeta para habitar”, el documento sobre justicia climática recoge un amplio consenso de la sociedad civil organizada sobre las transformaciones necesarias para responder a los principales desafíos sociales y ambientales.
Alianza por el Clima defiende que el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones laborales dignas, la protección de los servicios públicos, la transición energética y la lucha contra el cambio climático no pueden abordarse como problemas independientes. La alianza considera que las múltiples crisis que atraviesa la sociedad están interrelacionadas y que su resolución exige políticas estructurales capaces de actuar sobre sus causas comunes.
La publicación del decálogo sobre Justicia Climática coincide con la presentación del nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que confirma la insuficiencia de los compromisos climáticos internacionales.
El documento advierte de que el calentamiento global superará los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y señala que, para limitar al máximo esa superación y regresar a dicho umbral antes de finales de siglo, será necesario reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 18 % para 2030 y un 45 % para 2035, respecto a 2025.
Para Alianza por el Clima, estas conclusiones evidencian las consecuencias de décadas de falta de ambición política y refuerzan la urgencia de acelerar la acción de justicia climática. Frente al negacionismo y al retroceso de las políticas ambientales, la plataforma reclama que el próximo ciclo político aborde la crisis ecológica como una prioridad inseparable de la defensa de los derechos sociales.
En este sentido, insiste en que la transformación ecológica no puede aplazarse ni desarrollarse a costa de las condiciones de vida de la mayoría social, sino que debe convertirse en una oportunidad para garantizar derechos, mejorar el bienestar colectivo y reducir las desigualdades.
Diez demandas para una transformación ecosocial justa
El decálogo plantea una hoja de ruta de la justicia climática que vincula la reducción de emisiones con la garantía de derechos fundamentales y la mejora de las condiciones materiales de vida. Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda digna y adaptada a los impactos climáticos, la ampliación del parque público de vivienda social, la protección frente a la pobreza energética y el impulso de una rehabilitación energética que no provoque procesos de especulación, gentrificación o expulsión de la población de sus hogares.
Las organizaciones reclaman también una transformación de los pueblos y las ciudades que garantice espacios públicos saludables, transporte colectivo accesible, servicios públicos de calidad y entornos preparados para afrontar las consecuencias del cambio climático.
A ello se suma la exigencia de establecer una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles, acelerar una transición energética justa en todos los sectores productivos y reforzar las políticas de prevención y adaptación frente a incendios, inundaciones, sequías y olas de calor.
Las propuestas de justicia climática incluyen, además, el desarrollo de un modelo alimentario saludable y sostenible, el apoyo a la agricultura y ganadería familiar y la agroecología, la protección de los derechos laborales y el impulso de una reconversión industrial que garantice alternativas para las personas trabajadoras y los territorios afectados.
En el ámbito internacional, el decálogo reclama una mayor financiación climática para el Sur global, el respeto a los derechos humanos y una transición energética que no reproduzca nuevas formas de extractivismo y desigualdad.
Todas estas medidas de justicia climática se articulan en torno a un principio común: quienes más contaminan y más recursos concentran deben asumir una mayor responsabilidad en la financiación de la transición y la reparación de los daños ambientales.
Para ello, Alianza por el Clima propone una fiscalidad progresiva que permita reforzar los servicios públicos, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar que el coste de la transformación no recaiga sobre quienes menos han contribuido a la crisis climática y que las decisiones sobre esa transformación se tomen con la participación efectiva de la sociedad civil.
Un consenso amplio ante el próximo ciclo político
En este contexto, Alianza por el Clima recuerda que la protección climática no es únicamente una cuestión de voluntad política. La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2025 reconoce las obligaciones de los Estados en materia de protección del sistema climático y advierte de que determinadas actuaciones u omisiones, incluido el mantenimiento de actividades vinculadas a los combustibles fósiles, pueden generar responsabilidad internacional como actos ilícitos.
Desde la diversidad de organizaciones que componen la Alianza y su comprensión de las diversas luchas que representan, la plataforma considera que las próximas elecciones generales representan un momento decisivo para definir las políticas de los próximos años y reclama a todas las candidaturas compromisos concretos, verificables y suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales en materia climática.
El poder ciudadano que se expresa en las calles se debe traducir en participación real, garantizando los derechos que reconoce el Convenio de Aarhus: acceso a la información, participación pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia, junto con la plena protección del derecho a la protesta.
Alianza por el Clima insiste en que la magnitud de los desafíos actuales exige abandonar las respuestas parciales y emprender una transformación profunda del modelo económico, energético, democrático y social. Una transformación que, según la plataforma, debe situar la vida, los derechos y el bienestar de las personas y del planeta por encima de los intereses particulares, garantizar la participación de la ciudadanía y asegurar que ninguna persona ni territorio quede atrás.
No se puede repetir lo que pasó en 2024
Los datos de Eurostat son muy claros: durante el invierno de 2024, más del 17% de los hogares españoles no podía mantener un acondicionamiento térmico adecuado en sus hogares, lo que quiere decir que pasaron frío, lo que evidencia que las desigualdades económicas, las viviendas poco eficientes y la energía están directamente relacionadas con la calidad de vida de las personas y con la justicia climática.
La diferencia de 8,3 puntos porcentuales muestra el alcance social de un problema que también depende de las condiciones de los edificios. Rehabilitar las viviendas de los hogares vulnerables y garantizar que sus residentes puedan permanecer en ellas vincula directamente el ahorro energético con una mejora tangible de las condiciones de vida.
