La pobreza energética en la UE está aumentando mientras las políticas de clima y energía avanzan sin enfoque de derechos humanos. Según la Agencia de Derechos Fundamentales, millones de personas vulnerables quedan fuera de las ayudas para renovar viviendas, agravando desigualdades sociales, sanitarias y económicas en plena transición ecológica.
La pobreza energética en la UE revela una transición climática injusta
Un informe oficial denuncia que la transición energética europea ignora derechos humanos y excluye a familias pobres, inquilinos, mujeres, migrantes y personas mayores.
Las renovaciones energéticas buscan mejorar la eficiencia de los edificios e instalar energía limpia. Además de reducir costes y minimizar la pobreza energética, contribuyendo de ese modo a la mitigación del cambio climático.
La Comisión Europea informa que el 75 % de los edificios de la UE siguen siendo energéticamente ineficientes, lo que expone a millones de personas a altos costes de calefacción y malas condiciones de vida.
Renovaciones energéticas que excluyen a los más vulnerables
Las políticas de energía y clima de los países de la UE, por ejemplo, para hacer las viviendas más eficientes, carecen a menudo de un enfoque de derechos humanos. Y están dejando atrás a los grupos más vulnerables, como las familias con bajos ingresos, las madres solteras, los mayores o los inmigrantes.
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En un informe publicado este jueves en Viena, la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea señala que hay indicios de que «los programas de renovación energética y descarbonización a menudo excluyen inadvertidamente a ciertos grupos (de población) debido a la falta de apoyo y divulgación específicos».
Esas renovaciones se refieren a las medidas para adaptar edificios para reducir el consumo de energía e instalar fuentes de energía limpia. Esto ayuda a luchar contra el cambio climático, pero también abaratar costes y reducir la pobreza energética.
Según datos de la Comisión Europea, el 75 % de los edificios en el territorio comunitario son energéticamente ineficientes.
Esta agencia, en el año 2024 el 9 % de los habitantes de la UE no podían calentar su casa de forma adecuada, 2 puntos porcentuales más que en 2021. Ese porcentaje se dispara al 13 % entre los ciudadanos con discapacidad, al 15 % de los padres o madres solteros. Y casi el 20 % en el grupo de ciudadanos en riesgo de pobreza.
Inquilinos, mujeres y migrantes: los grandes olvidados de la transición y la pobreza energética en la UE
Por eso, la FRA reclama que los derechos fundamentales se integren en la transición climática. Y critica que los diferentes planes nacionales de energía y clima abordan de forma superficial los grupos vulnerables y la equidad energética.
«Los Gobiernos también deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos fundamentales, garantizando que las personas más necesitadas no se queden atrás. Se debe hacer todo lo posible para proteger el derecho a una vivienda adecuada. Así como el derecho a la seguridad social y a la asistencia para la vivienda», ha asegurado la directora de la FRA, Sirpa Rautio.
La FRA señala que son justo los más expuestos a los efectos negativos del cambio climático. Como los migrantes o la minoría gitana, quienes muchas veces queda fuera del alcance de los programas de transición ecológica.
De hecho, dice que medidas de transición (ecológica) mal diseñadas pueden exacerbar incluso las desigualdades ya existentes.
La FRA señala que algunos de esos programas solo se pueden solicitar en línea. Otros requieren una con financiación por parte del beneficiario. Y, en muchos caso, solo los propietarios tienen acceso a esas ayudas.
«Un enfoque de las renovaciones energéticas basado en los derechos es esencial para garantizar que todos puedan beneficiarse y que nadie se quede atrás», sentencia la FRA.
Edificios ineficientes y ayudas inaccesibles agravan la desigualdad
Eliminar la quema de combustibles fósiles como sistema de calefacción tiene también un impacto en la salud. Ya que se reducirían las emisiones de partículas en suspensión.
La exposición a esas partículas contaminantes es un 30 % mayor entre las personas con ingresos más bajos en comparación con quienes gana más.
El informe presta especial atención a quienes viven de alquiler, aproximadamente el 30 % de la población de la UE (24 % en España).
Los inquilinos dedican más de un tercio de sus ingresos a los gastos de vivienda, frente al 16 % de los propietarios.
A esa situación se suma que la gente con menos ingresos es más probable que viva en edificios poco eficientes energéticamente y que los planes de renovación suele ir dirigidos solo a los dueños, que a menudo no tienen incentivos para invertir en la adaptación del edificio porque no son ellos los que pagan las facturas de la energía.
«Excluir a los inquilinos de los programas de renovación energética, y una baja adopción de renovaciones energéticas en las propiedades de alquiler, limita su acceso a energía asequible y sostenible y al derecho a una vivienda adecuada, y potencialmente viola el principio de no discriminación», resume la FRA.
La transición verde también amenaza el derecho a la vivienda
Quienes viven de alquiler también pueden salir perjudicados si sus caseros reforman los edificios para hacerlos más eficaces energéticamente, ya que esas obras suelen elevar el valor de la propiedad y el precio del alquiler, lo que les obliga a mudarse a viviendas de peor calidad.
Por eso, la FRA reclama que las obras de adaptación de los edificios se ejecuten con garantías hacia los inquilinos.
La Agencia también alerta de cómo las mujeres no solo salen perdiendo en la transición ecológica, sino que incluso puede aumentar la desigualdad con los hombres.
Según datos de la UE de 2023, las mujeres tienen más riesgo de sufrir pobreza energética, sobre todo las mayores de 65 años o con alguna discapacidad.
Pese a ello, solo nueve de los 27 países de la UE se refiere a la igualdad entre sexos en sus políticas nacionales de clima y energía, España entre ellos.
La pobreza energética afecta al 9 % de los residentes de la UE. Y alcanza casi el 20 % entre las personas en riesgo de pobreza, las familias monoparentales o las personas con discapacidad. Los grupos vulnerables suelen quedar excluidos de los programas de transición climática.
La FRA advierte que las medidas mal diseñadas pueden agravar las desigualdades. Especialmente para los inquilinos y los hogares con bajos ingresos. E insta a adoptar enfoques basados en los derechos que protejan el acceso a una vivienda asequible y sostenible para todos. Seguir leyendo en SOSTENIBILIDAD
