Familiares y colectivos sociales, agrarios y ecologistas exigen que se realice una reconstrucción tras la DANA para que proteja viviendas, recupere cauces y evite reproducir la vulnerabilidad del territorio.
Dos años después de la catástrofe, reconstruir también exige decidir dónde no se debe volver a construir. Esa es una de las principales demandas del manifiesto acerca de la reconstrucción tras la DANA que han presentado más de una decena de organizaciones de familiares de víctimas, colectivos vecinales y entidades sociales, agrarias y ecologistas. Su reclamación es que las obras reduzcan el peligro y que protejan a quienes siguen expuestos.
La alianza denuncia que las Administraciones mantienen una respuesta que está demasiado centrada en el asfalto, en las escolleras de hormigón y en las ayudas asistenciales. Frente a ese modelo, lo que proponen es frenar nuevos desarrollos en zonas de riesgo, además de recuperar espacio para los ríos y de proteger los suelos agrícolas, con presupuesto suficiente, transparencia y participación vecinal vinculante.
El decálogo de reconstruccion tras la DANA conecta la prevención de las inundaciones con la vivienda, los servicios públicos y la agricultura. Reclama que se adapten o trasladen colegios, residencias y centros sanitarios expuestos, que se impulsen prácticas agroecológicas y que se refuerce la preparación ciudadana. Para los firmantes, reconstruir mejor implica evitar que la recuperación vuelva a colocar a la población en peligro.
Reconstrucción tras la DANA que no cometa los mismos errores
Dos años después de la DANA más devastadora de la historia de España, la reconstrucción no puede limitarse a reparar infraestructuras de hormigón, sino apostar por la justicia social, ambiental y agroecológica para no repetir errores pasados y proteger realmente a la población. Este es el mensaje principal del manifiesto conjunto que hoy han lanzado más de una decena de organizaciones de familiares de víctimas, colectivos vecinales, entidades del tercer sector social, así como organizaciones agrícolas y ecologistas, entre las que se encuentra Greenpeace.
La alianza denuncia que, transcurridos dos años del desastre y tras repetirse recientemente nuevos episodios torrenciales en la Comunidad Valenciana, las Administraciones públicas continúan cometiendo los mismos errores del pasado: una reconstrucción tras la DANA centrada en el asfalto, escolleras rígidas de hormigón y parches asistenciales que perpetúan el modelo de vulnerabilidad territorial que agravó la catástrofe. Frente a ello, los colectivos reclaman una transformación profunda con dotación presupuestaria suficiente, transparencia y participación comunitaria vinculante.
El manifiesto incluye un decálogo de demandas prioritarias de la sociedad civil en forma de diez ejes estratégicos de obligado cumplimiento para las Administraciones a nivel local, autonómico y estatal. Plantea una transformación profunda del territorio, del modelo agrario y de la política climática, superando la reconstrucción tradicional de hormigón para frenar el calentamiento global por debajo del límite de 1,5 °C. Para lograrlo, propone impulsar las comunidades energéticas ciudadanas y exige aplicar una estricta justicia climática que obligue a las corporaciones fósiles a sufragar los daños y la adaptación de los pueblos.
“Después de 233 muertos, no aceptamos que la lección de la DANA sea solo construir más rápido. La lección debe ser construir mejor, con seguridad y, sobre todo, saber también dónde no se debe construir”, ha señalado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre.
Reconstruir no debe ser volver al modelo anterior
Por su parte, Helena Cifre, coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), con sede en Catarroja, ha apuntado que “la reconstrucción tras la DANA no es volver al modelo intensivo. Los suelos vivos con cubierta vegetal retienen agua y frenan la erosión. Los setos, ribazos y bosques de ribera ralentizan las riadas y dan refugio a la fauna auxiliar. Pedimos apoyo técnico, formación, inversión y precios justos para las familias productoras. El consumo local y agroecológico debe ser parte de la reconstrucción”.
“Debemos tener claro que la adaptación tiene límites, no habrá bosque de ribera ni dique de hormigón capaz de protegernos en un clima desbocado. La ciencia es clara: la única forma de frenar esta espiral de temporales extremos es abandonar de raíz los combustibles fósiles y apostar por las renovables. Es profundamente inmoral que la factura del cambio climático la esté pagando la ciudadanía con sus impuestos, mientras los verdaderos causantes: las empresas petroleras y gasistas, celebran cada día beneficios récord. Quien contamina, debe pagar y reparar”, ha señalado Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace.
En el plano urbanístico e hidrológico, exige una moratoria inmediata a nuevos desarrollos en zonas de riesgo y la congelación de licencias de obra, blindando los suelos agrícolas y renaturalizando los cauces fluviales mediante vegetación de ribera y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para que la tierra actúe como una esponja natural frente a temporales extremos. Esta transición se apoya en una estrategia decidida de reconstrucción agroecológica y soberanía alimentaria, priorizando suelos con cubierta vegetal, asesoramiento técnico y precios justos para el campesinado frente al modelo agroindustrial intensivo.
Asimismo, las demandas colocan los derechos sociales, los servicios esenciales y la seguridad comunitaria en el corazón de la reconstrucción, exigiendo el rediseño adaptativo o el traslado fuera de las áreas de peligro de infraestructuras críticas como colegios, residencias y centros sanitarios, además de priorizar una red metropolitana de transporte público y el modelo de “ciudades de 15 minutos” frente a la dependencia individual del coche.
En materia de vivienda, las organizaciones reclaman urgentemente regular el precio de los alquileres para frenar la especulación, ampliar el parque público social y rehabilitar hogares bajo estándares de cero emisiones. Finalmente, el manifiesto defiende una gobernanza biorregional y descentralizada que reconozca a los Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLERs) en mesas territoriales permanentes, junto a una gestión de emergencias basada en la verdad, la asunción de responsabilidades y la formación continua de la población a través de simulacros periódicos.
Ya se sabía qué centros estaban en peligro
La exposición de los servicios esenciales ya estaba en los mapas oficiales antes de la catástrofe. En la documentación presentada en 2021 para revisar los planes de gestión del riesgo de inundación, el MITECO había identificado 985 centros educativos, 358 centros asistenciales y 45 hospitales que estaban en las zonas inundables de mayor riesgo de las cuencas intercomunitarias.
Estas cifras dan una dimensión concreta a la demanda de los colectivos: revisar la ubicación y la protección de esos equipamientos debe formar parte de la reconstrucción tras la DANA, porque de ellos depende también la capacidad de atender a la población cuando llega una emergencia.
