El Ejecutivo ha decidido, sin contar con nadie, “suavizar” algunas de las principales exigencias energéticas y ambientales que planteaba en su primer borrador sobre estos centros de datos.
El Gobierno vuelve a estar en el centro de la polémica, como si no tuviera pocas, debido al nuevo decreto para regular los centros de datos.
Un movimiento que le ha estallado en plena cara ya que, si pensaban que con esto iban a calmar los ánimos debido a la proliferación sin medida de este tipo de centros de datos por todo el país, el resultado ha sido el contrario. Para las organizaciones ecologistas en estas nuevas medidas hay una importante pérdida de ambición ambiental, ante lo cual ya advierten al ejecutivo de Pedro Sánchez que “no se puede poner en riesgo el acceso al agua, la electricidad renovable y la protección del entorno para facilitar el desembarco de grandes infraestructuras tecnológicas”.
Pero no es una pataleta de los ecologistas, las propias empresas que se dedican a este sector de los centros de datos dicen que estas condiciones que plantea el gobierno son casi que imaginarias ya que son prácticamente imposibles de cumplir.
En otras palabras, lo que ha conseguido el Gobierno con este nuevo decreto sobre los centros de datos es crear un escenario incómodo (que se suma a los que ya tiene en otros ámbitos) donde ha logrado algo que parecía inaudito: enfadar a todos los bandos implicados.
¿Qué dice esta nueva propuesta del real decreto para los centros de datos?
La nueva propuesta del real decreto sobre los centros de datos, que ya se ha remitido al Consejo de Estado, eleva de 1 a 10 megavatios el umbral de potencia a partir del cual se aplican las principales obligaciones energéticas. Es decir, muchos más centros de datos lo tendrán fácil para no cumplir con ciertos requerimientos de protección ambiental ya que quedarán fuera de las exigencias que son más estrictas y que sí estaban (ahora no) en el primer texto de ese documento. que contemplaba el primer texto.
También se amplía de 18 a 36 meses la antigüedad permitida para las instalaciones renovables vinculadas a estos proyectos y se incorpora la posibilidad de utilizar baterías de almacenamiento para acreditar el suministro eléctrico.
¿Y qué dice el ejecutivo ante este cambio que no ha gustado a nadie sobre los centros de datos? A su juicio, esta propuesta sigue siendo ambiciosa y facilitará el impulso tanto de la energía solar fotovoltaica como las tecnologías de almacenamiento. Explicaciones que ya hemos visto que no sirven para convencer a todos aquellos que llevan meses reclamando una regulación mucho más exigente que, como vemos, no llega e incluso se aleja de ese objetivo como se puede ver en estas nuevas medidas.
La pregunta que aviva el debate ante los centros de datos es claro: ¿está el Gobierno de Pedro Sánchez dispuesto a rebajar sus compromisos ambientales para facilitar la expansión de los centros de datos en España?
Desde Greenpeace, la respuesta es contundente ya que piden una normativa que sea más ambiciosa mientras acusan al ejecutivo de ceder ante las presiones de las grandes corporaciones empresariales que están detrás de esos centros de datos que quieren colonizar nuestro paisaje. “España no puede convertirse en un territorio donde los beneficios económicos de unas pocas compañías estén por encima de los derechos colectivos al agua, a una electricidad renovable y accesible y a un medio ambiente saludable”, alertan.
Ecologistas en Acción también ha mostrado su profundo desacuerdo ya que hace tiempo que pidieron que la norma fuera más ambiciosa y protegiera más el medio ambiente y asisten con estupor a una reducción de esas exigencias necesarias contra los centros de datos. “El nuevo borrador supone un paso atrás respecto a una propuesta que ya era totalmente insuficiente”, dicen de manera clara.
Pero la polémica tiene otra cara y es que el sector empresarial de los centros de datos tampoco está dispuesto a dar el visto bueno al decreto gubernamental.” El Gobierno mantiene unos requisitos energéticos extraordinariamente difíciles de cumplir. Además, es especialmente grave que la alternativa para flexibilizar los plazos sea aceptar el riesgo de quedarse sin electricidad”, demandan y en esto coinciden con APPA Renovables, que consideran que este documento no resuelve los problemas de fondo; es más los incrementa.
El Gobierno no ve tan mal su propio nuevo decreto sobre los centros de datos
Lo que ha conseguido el Gobierno con este nuevo decreto sobre los centros de datos es crear un escenario incómodo (que se suma a los que ya tiene en otros ámbitos) donde ha logrado algo que parecía inaudito: enfadar a todos los bandos implicados.
Con todo el problema es que, mientras el Ejecutivo intenta sacar adelante una normativa que considera necesaria para impulsar el sector tecnológico, la contestación social y empresarial se mantiene del lado contrario y no deja de crecer ya que se está sacrificando la protección ambiental en favor de grandes inversiones.
El reto para el Gobierno, con la mirada puesta en el 29N, es complicado: explicar los motivos que le han llevado a lanzar estas reglas más suaves y demostrar que el crecimiento de los centros de datos no lo acabarán pagando los recursos naturales, el sistema eléctrico o los propios ciudadanos como siempre pasa.
