Los ecologistas exigen hechos a los partidos ante el 29N: cinco organizaciones reclaman abandonar los combustibles fósiles, recuperar la biodiversidad y dejar de financiar actividades que dañan la naturaleza.
Los ecologistas exigen hechos a los partidos porque la protección ambiental necesita algo más que una buena frase de campaña. Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, cinco organizaciones reclaman compromisos que puedan medirse, financiarse y cumplirse.
Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF son Las principales 5 ONG y ahora presentan el Programa por la Tierra 2026: seis grandes retos que conectan naturaleza, vivienda, alimentación, salud y derechos.
Lanzan preguntas concretas: qué harán, con qué recursos y cómo demostrarán sus resultados. Frente al cortoplacismo, defienden un amplísimo acuerdo político que proteja a la ciudadanía y acelere una transición ecológica justa.
Los ecologistas exigen hechos a los partidos: poner fecha al abandono fósil
El Programa por la Tierra 2026 plantea avanzar hacia un sistema eléctrico 100 % con energías renovables en 2030 y establecer planes para abandonar los combustibles fósiles antes de 2040. Son demandas que los ecologistas exigen hechos a los partidos, cuyo cumplimiento requeriría medidas concretas durante la legislatura salida del 29-N.
La adaptación ocupa un lugar innegociable: prevención de incendios, inundaciones y temporales costeros, junto con mayor protección para las personas vulnerables. Reducir emisiones y prepararse frente a los impactos del cambio climático deben avanzar a la vez.
La exigencia dependerá del fondos públicos. Las entidades ecologistas reclaman la cancelación las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Financiar la recuperación de la naturaleza mientras se mantienen incentivos, por ejemplo a los combustibles fósiles, que la deterioran supone una contradicción que los responsables políticos deben resolver.
Vivienda, alimentos y transporte: la ecología entra en el bolsillo
Las ONG exigen hechos y menos palabras vacías a los partidos en cuestiones cotidianas: vivienda asequible y eficiente, transporte público accesible y barrios con vegetación que ayude a combatir el calor. La protección medioambiental debe traducirse directamente en mejores condiciones de vida para la ciudadanía.
En alimentación, proponen precios justos para productores y consumidores, una agricultura respetuosa con la naturaleza y menos pesticidas y fertilizantes. También reclaman reducir el desperdicio y combatir la contaminación del agua y de la cadena alimentaria.
La propuesta monetaria incluye fiscalidad más justa y verde, inversión en restauración y apoyo a la pesca artesanal y costera. La transición verde pierde sentido si descarga sus costes sobre los que tienen menos recursos: distribuirlos con justicia forma parte del Programa por la Tierra 2026.
Proteger espacios sobre el papel ya no basta
Para el año 2030, las organizaciones ecologistas piden proteger y gestionar eficazmente al menos el 30 % de la superficie terrestre y marina. Exigen que al menos el 30 % de las especies y hábitats en situación desfavorable mejoren claramente o alcancen un estado favorable.
Al declarar un espacio natural protegido exige después gestión, personal y financiación. Sin faltan esas herramientas, la etiqueta administrativa difícilmente garantiza su gestión y conservación. Es por todo ello que las ONG demandan hechos a los partidos y mecanismos para comprobar los avances.
Un punto muy relevante conecta medio ambiente y democracia: libertad de expresión, protesta pacífica, participación ciudadana, transparencia y regulación de los grupos de interés. los ciudadanos necesita capacidad para intervenir en las decisiones que afectan a su territorio.
La factura a pagar aporta una razón adicional para exigir sin ambages resultados: los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos causaron pérdidas estimadas de 822.000 millones de euros en la UE entre 1980 y 2024, a precios de 2024; más de 208.000 millones se concentraron entre 2021 y 2024. No toda la problemática puede atribuirse exclusivamente al calentamiento global, pero demuestra la magnitud de la exposición. Discutir el coste económico de prevenir mientras se ignoran las perdidas de los daños empequeñece el debate electoral.
