La cumbre del COP31 comienza este próximo lunes con más 1 billón de dólares anuales sobre la mesa, pero sin que haya garantías de que las naciones más ricas cumplan su parte en materia de financiación climática.
Casi dos centenares de países se sentarán a partir del 9 de noviembre en Antalya (Turquía) para hablar del cambio climático, negociar miles de millones de euros y dólares y prometer nuevos recortes de emisiones.
Mucho hablar pero con una realidad incómoda detrás de tanta diplomacia y tantas buenas palabras que luego no se convierte en hechos reales; que es lo que espera todo el mundo. El planeta sigue quemando petróleo, gas y carbón, los compromisos climáticos se quedan muy por debajo de lo necesario y los países que menos han contribuido al calentamiento global siguen reclamando dinero para sobrevivir a sus consecuencias.
Una COP31 que quedará en papel mojado
Y es que esta cita llega con cinco grandes frentes abiertos y no hay mucha esperanza por parte de la comunidad científica o los ecologistas de que los gobiernos asuman su responsabilidad y se enfrente, es lo que han prometido, a los verdaderos culpables de la crisis climática.
Los países ricos prometen dinero, pero la factura nunca termina de llegar
El tema de la financiación climática vuelve a ser uno de los grandes focos de conflicto. En la COP29 de Bakú, celebrada en 2024, se acordó movilizar 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo a partir de 2035, dentro de un objetivo más amplio de 1,3 billones al año procedentes de entidades públicas y privadas.
El problema es que las cifras parecen muy elevadas y magníficas sobre el papel, pero todavía existen enormes diferencias sobre quién paga, cuánto dinero será realmente público y qué parte acabará convertida en préstamos que los países pobres tendrán que devolver. Los países más pobres piden más subvenciones y financiación barata, pero a cambio lo único que reciben es más deuda para afrontar sequías, inundaciones y fenómenos extremos. Curiosamente fenómenos para los que ellos apenas han contribuido a provocar.
Mientras tanto, las economías industrializadas, responsables de buena parte de las emisiones históricas, intentan ampliar el número de países obligados a contribuir, señalando especialmente a China y Arabia Saudí. Una discusión que amenaza con convertirse en la excusa perfecta para seguir retrasando los desembolsos.
El petróleo y el gas siguen ostentando el poder
Aquí está el gran agujero de las cumbres climáticas: todo el mundo habla de reducir emisiones, pero nadie consigue imponer un calendario vinculante para abandonar los combustibles fósiles. En Dubái, en 2023, se acordó impulsar una transición para dejar atrás estos recursos en el sector energético. Sin embargo, el compromiso no incluía fechas obligatorias.
En la COP30 de Brasil tampoco se consiguió incorporar al acuerdo final una hoja de ruta para concretar esa transición, ante la oposición de los países productores. Y Antalya tampoco apunta a un cambio radical. Los intereses económicos de quienes siguen obteniendo enormes beneficios del petróleo, el gas y el carbón son lo principal y la urgencia climática queda mucho atrás.
Los recortes de emisiones no salen de los discursos
La ONU pide bajar las emisiones contaminantes de todo el mundo un 45% en 2035 respecto a 2025 para limitar el calentamiento a un máximo de 1,8 grados y regresar a 1,5 grados o menos antes de 2100. Sin embargo, los compromisos nacionales actuales apenas lograrían una reducción de hasta el 15% entre 2025 y 2035.
La distancia entre lo necesario y lo prometido es demoledora. Los gobiernos conocen los objetivos, reciben advertencias científicas y disponen de alternativas, pero siguen sin aprobar medidas suficientemente ambiciosas. La factura de esa falta de acción terminará llegando en forma de daños agrícolas, problemas sanitarios, pérdida de biodiversidad y fenómenos meteorológicos extremos.
Electrificar sí, pero con renovables
Los dos países organizadores de la cumbre, que no están para dar ejemplo, como son Turquía y Australia quieren impulsar la iniciativa ’35 para el 35′, que pretende elevar del 23% al 35% la participación de la electricidad en el consumo energético mundial para 2035. El objetivo pasa por electrificar coches, industrias y sistemas de calefacción, pero existe una condición imprescindible: que esa electricidad proceda cada vez más de fuentes renovables.
De poco sirve sustituir motores de combustión por eléctricos si la electricidad sigue generándose quemando carbón o gas. Además, los países en desarrollo necesitan inversiones y financiación asequible para desplegar redes, almacenamiento y nuevas instalaciones renovables.
La guerra comercial también amenaza al clima
La rivalidad entre China y la Unión Europea añade otro obstáculo. Pekín domina la fabricación de paneles solares, baterías y vehículos eléctricos, tecnologías esenciales para acelerar la transición, pero Bruselas mantiene aranceles adicionales a determinados coches eléctricos chinos por las subvenciones que considera desleales.
India, Brasil y Sudáfrica también cuestionan el ajuste de carbono en frontera europea, que grava determinadas importaciones intensivas en emisiones, como el acero, el aluminio o el cemento.
El resultado es una contradicción difícil de justificar como veremos en la COP31 de este mes: los gobiernos reclaman acelerar las tecnologías limpias mientras levantan barreras comerciales que pueden encarecerlas y dificultar su expansión.
Antalya tendrá que demostrar si la cooperación internacional puede imponerse a los intereses económicos y geopolíticos. Porque el planeta no necesita otra colección de declaraciones solemnes, sino financiación efectiva, fechas obligatorias y decisiones que incomoden a quienes todavía ganan dinero contaminando. La crisis climática no espera a que los diplomáticos encuentren una fórmula que contente a todos.
