La macrogranja de Agolada se enfrenta a la presentación de una serie de alegaciones de Greenpeace por sus posibles impactos sobre el agua y la presión ganadera de O Deza: la organización reclama que se establezca una moratoria para toda Galicia.
Greenpeace se opone a la macrogranja de Agolada
La macrogranja de Agolada ha recibido la oposición formal de la organización Greenpeace, que ha presentado alegaciones contra el proyecto de gallinas ponedoras que ha sido promovido por Proteínas y Cereales de Galicia, S. L. La ONG exige paralizarlo y ampliar a toda Galicia las restricciones para las nuevas explotaciones intensivas.
El conflicto plantea una exigencia elemental: es necesario preservar el agua y evaluar la presión ganadera acumulada. Sería inaceptable hacer el análisis de una instalación de grandes dimensiones como si las actividades preexistentes y las capacidades del territorio no importaran.
El proyecto de la macrogranja de Agolada está en tramitación. Los riesgos denunciados requieren una respuesta técnica y pública de la Xunta, sin convertir las advertencias vecinales en un trámite prescindible.
La macrogranja de Agolada obliga a examinar la presión sobre el territorio
Greenpeace sostiene que Galicia presenta una carga ganadera de 2,3 unidades de ganado mayor por hectárea, frente a una media estatal y europea de 0,7, según el informe comunitario que cita en sus alegaciones.
Ese indicador refleja concentración ganadera; por sí solo no demuestra que una explotación concreta vaya a contaminar. Sí refuerza la necesidad de estudiar cuáles son los impactos acumulativos, la disponibilidad real de agua y la capacidad de gestión de los excrementos.
La organización advierte además sobre la presión existente en la localidad de O Deza y el deterioro de Portodemouros. La evaluación de la macrogranja de Agolada debe responder a esas cuestiones específicas con datos verificables. Sería absurdo limitarse a promesas generales de sostenibilidad.
Proteger un acuífero exige prevenir, no esperar al deterioro
Según Greenpeace, la instalación se situaría sobre una masa de agua subterránea que se encuentra clasificada en buen estado y está vinculada al abastecimiento de la población. La organización considera prioritario evitar que esa situación se deteriore.
El ejemplo práctico que se presenta es realmente esclarecedor: la gestión del estiércol necesita tener un destino acreditado y que sea compatible con las necesidades específicas de los terrenos receptores. Disponer de espacios de almacenamiento no resuelve por sí solo todo el problema que ocasiona el ciclo de nutrientes ni evita por completo sus posibles impactos.
La Xunta debe responder a las alegaciones sin propaganda institucional
Greenpeace cuestiona que se restrinjan nuevas instalaciones en la cuenca del Limia mientras continúan tramitándose proyectos intensivos en otras comarcas. Reclama una moratoria firme para toda Galicia y respalda a Stop Macrogranxas Agolada.
La controversia merece recibir respuestas sobre la capacidad ambiental de cada territorio. Trasladar las presiones de una cuenca a otra sería una estrategia insostenible; evitarlo exige una planificación y unos criterios públicos, no únicamente decisiones expediente por expediente.
La macrogranja de Agolada también pone a prueba la participación ciudadana. Las alegaciones deben recibir contestaciones motivadas. Invocar el desarrollo rural sin explicar cómo se protegen el agua, el entorno y las condiciones de vida alimentaría el ecopostureo.
