“AEPLA (la patronal de fabricantes de agroquímicos de España) reconoce que, en 2016 las industrias productoras de agroquímicos facturaron más de mil millones de €. Estas cifras ponen a España como líder europeo en el empleo de químicos para la agricultura.”
Al día de hoy, el debate acerca de los posibles efectos que este tipo de productos pueden tener sobre la salud de los seres vivos y sobre el Medio Ambiente está abierto, pero para los sectores ecologistas la cifra de agroquímicos que se emplean en nuestro país resulta alarmante.
Como denuncian los principales detractores de los agroquímicos: estos productos están diseñados para matar, ya sean insectos, hongos, malas hierbas, etc. por lo que nada que se fabrique con el objetivo de acabar con una vida, puede ser bueno para otra.
La realidad española
El Real Decreto N.º 1311 de 2012 es el que regula la utilización de los agroquímicos y emana de un reglamento de 2009 de la Unión Europea, en el cual se pedía fomentar “técnicas alternativas y/o planteamientos diferentes, que tuviesen por objetivo de reducir la dependencia del sector agrícola del uso de productos químicos”.
El problema es que, en vez de que este RD lograse una mengua en el empleo de estas sustancias tóxicas, el resultado fue exactamente el opuesto, dado que, solo en 2012 se comercializaron más de 63 mil toneladas y en 2015 esa cifra fue aún un 20 % mayor.
España es el país que más cantidad de agroquímicos comercializa, en relación a sus habitantes, con una cifra de 1,6 kilogramos per cápita (registrada en 2015), mientras sus vecinos inmediatos, Francia y Portugal, apenas alcanzan el kilogramo por persona.
En cuanto a las áreas de cultivo en las que se emplean dichos productos, Italia es la que ostenta el triste liderazgo: 8,2 kilogramos por hectárea. España se ubica segunda en este listado con un promedio de 5 kg/ha.
¿Qué pasa con el glifosato?
En Europa el tema del glifosato, considerado el herbicida más vendido del mundo, está en pleno debate en el Parlamento Europeo, dado que la licencia de uso que se le concedió a la empresa Monsanto, dueña de su patente, vence en breve y se están barajando varias opciones.
Monsanto solicitó que se le concediera una ampliación de al menos 15 años, luego esta cifra se redujo a 10, pero en la última votación no hubo acuerdo y se sigue negociando. Los verdes y los socialistas han solicitado que se estudie a fondo el producto y se dictamine el grado de peligrosidad real que éste tiene para las personas y el Medio Ambiente.
Greenpeace pide que se aplique el principio de precaución que figura en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento que rige en la Unión Europea y que sostiene que una industria debe demostrar de manera fehaciente que un producto No es pernicioso para el Medio Ambiente y/o la salud, antes de introducirlo en el mercado, algo que Monsanto jamás ha logrado.
