España ‘mira hacia otro lado’ con las centrales de carbón

En el informe Las trampas del carbón, Greenpeace recuerda que las centrales tienen hasta el 1 de octubre, el próximo jueves, para optar a una de dos excepciones, bien el Plan Nacional Transitorio o bien a la Excepción por Vida Útil limitada.

La organización ecologista Greenpeace ha denunciado la facilidad legal que existe en España para extender la vida y las emisiones de las centrales térmicas y reclama al Gobierno un plan de cierre de estas centrales para 2025, un sistema energético 100 por 100 limpio y el fin de las subvenciones públicas, que han costado ya más de 32.000 millones de euros a los ciudadanos.

En el informe ‘Las trampas del carbón’, Greenpeace recuerda que las centrales tienen hasta el 1 de octubre, el próximo jueves, para optar a una de dos excepciones, bien el Plan Nacional Transitorio o bien a la Excepción por Vida Útil limitada.

Así, añade que de las 19 grandes instalaciones de combustión que usan carbón en España, un total de 17 se ha acogido a alguna de estas dos excepciones para el cumplimiento de las emisiones contaminantes.

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Un total de 6 centrales se han sumado a las dos excepciones, pese a que según la decisión de Ejecución de la Comisión Europea, por la que se establecen las normas relativas a los planes nacionales transitorios, sólo se pueden acoger a una. La ONG denuncia que con estas excepciones las centrales pueden ser «más contaminantes y postergar la incorporación de medidas para el cumplimiento ambiental».

Para la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, las centrales térmicas españolas «siempre» se han ido acogiendo a las excepciones previstas por la normativa europea, retrasando así la reducción de emisiones de contaminantes que «tantos perjuicios provocan a la salud y al medio ambiente».

La quema de carbón es responsable del 70 por ciento de las emisiones de CO2 del sector eléctrico y genera unos 3.700 millones de euros en costes de salud en España, que podrían alcanzar entre 4.337 millones de euros y 11.884 millones si llega a aplicarse el Plan Nacional Transitorio español que iría de 2016 a 2020.

Ante esta situación, Greenpeace reclama al Gobierno y a los principales partidos que concurrirán a las próximas elecciones generales que trabajen «seriamente» en un plan «justo» con fecha de cierre para todo el carbón en España porque se trata de una fuente de energía «inviable económicamente, innecesaria, perjudicial para la salud e incompatible con la lucha contra el cambio climático».

UNA VISIÓN PARA EL FUTURO DE CERO CO2

Nuño ha subrayado también que el uso del carbón choca frontalmente con los objetivos que han de conseguirse en la Cumbre climática de París (COP 21) el próximo diciembre para asegurar quedarse lejos de un aumento de las temperaturas de 2 grados centígrados o incluso de 1,5 grados centígrados.

Además, considera que el Gobierno debe aprobar «nuevas políticas climáticas y energéticas que garanticen el abandono del carbón y nos sitúen a la cabeza de Europa en la lucha contra el cambio climático» y establecer un plan de cierre progresivo para 2025 de las térmicas de carbón que incluya el descenso paulatino del carbón y una transformación justa para los trabajadores del sector.

Asimismo, exige que se garantice el cumplimiento estricto de los límites de emisión de las centrales térmicas en cada fecha establecida; y eliminar «todas» las subvenciones a energías sucias e ineficientes, incluyendo los incentivos procedentes de fondos públicos a la inversión medioambiental, por ser un mecanismo supeditado a la continuidad de uso de combustible fósil, y establecer un calendario de abandono progresivo de las mismas. En este sentido recuerda que entre 2011 y 2014 la cifra alcanza los 1.300 millones de euro.

En cuanto a la Cumbre del Clima, demanda al Gobierno que se comprometa a un compromiso de emisiones cero y un sistema energético 100% basado en energías renovables para el año 2050.

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