Ecologistas en Acción denuncia la deficiente transposición de la Directiva de Emisiones Industriales (2010/75/CE) y las irregularidades en el proceso de adaptación. Esta transposición evidencia de nuevo la intención de las administraciones españolas de degradar la legislación ambiental. Paradigmático es el caso de Cantabria, que de un plumazo ha decidido que no necesita hacer ninguna modificación en la autorización de sus instalaciones industriales, a pesar de los graves problemas de contaminación que generan algunas de ellas.
La mencionada norma introduce sustanciales modificaciones en la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) cuya aplicación afecta a unas 5.000 instalaciones industriales de ámbito estatal, las cuales tuvieron que obtener en su día la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). Todo lo cual hace que tengan que revisarse todas las AAI correspondientes a esas empresas y cuya adaptación debería haber finalizado antes del pasado 7 de enero.
El proceso de adaptación y revisión, como ocurriera en su día con la Directiva IPPC, ha incurrido en los mismos vicios pero agudizados, con la circunstancia agravante de que las carencias se arrastran y acumulan. Todo lo cual derivará en graves consecuencias puesto que las deficiencias en este proceso de modernización se traduce en menor eficiencia en el aprovechamiento de los escasos recursos y por tanto en una pérdida de competitividad, a la vez que es una oportunidad perdida para reducir la carga contaminante de su actividad.
Pero también se ve comprometida la seguridad jurídica de muchas instalaciones en el medio plazo, dado que hasta ahora la aplicación de las denominadas Mejores Técnicas Disponible se ha relativizado por parte de las administraciones y empresas al considerar que eran meramente indicativos. Pero en estos momentos se están publicando los documentos de conclusiones cuya prescripción es de carácter vinculante en el plazo máximo de 4 años, y los que no hayan hecho los deberes o los lleven retrasados les exigirá un esfuerzo adicional que no todos podrán cumplir.
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Cantabria como mal ejemplo
Cantabria ha salvado todo el proceso de adecuación de 55 Autorizaciones Ambientales con una simple resolución conjunta para todas ellas, en la que determina que no es preciso realizar ninguna modificación de las mismas. Esperpéntica resolución que omite el importante calado introducido por dicha Directiva a la vez que la enorme diversidad y complejidad de las 55 instalaciones industriales afectadas.
Por otro lado Cantabria, como el resto de CC AA, debería tener operativos planes y programas de inspección medioambiental para estas instalaciones antes del pasado 7 de enero, instrumentos de los cuales carece y, a día de hoy, nada se sabe de ellos.
Pero además se ha obviado la más elemental publicidad y trasparencia de todo el proceso, sin el menor atisbo siquiera de simulacro de participación pública en la toma de decisiones, lo cual constituye una vulneración flagrante de principios básicos establecidos en la legislación Comunitaria en general y en la propia Directiva en particular.
