La apuesta por los créditos de carbono en la COP31 aspira a movilizar una mayor cantidad de inversión privada, pero exige que se implanten controles para impedir que la financiación termine alimentando al greenwashing.
Los créditos de carbono en la mira
Los créditos de carbono en la COP31 han recibido un nuevo impulso a nivel político. 12 países respaldan la Declaración de Antalya con el fin de estimular la demanda empresarial y atraer financiación privada hacia más proyectos climáticos.
La iniciativa plantea una oportunidad y una exigencia que resultan ineludibles: vender más certificados debe traducirse en beneficios climáticos que sean demostrables. Confundir crecimiento comercial con reducción de las emisiones sería un absurdo, especialmente en plena crisis climática.
El examen debe centrarse en las toneladas realmente evitadas o retiradas, la protección de las comunidades y la descarbonización empresarial. Sin esas garantías, el mercado puede convertirse en una operación de ecopostureo que prolongue actividades contaminantes.
Créditos de carbono en la COP31: 21.000 millones bajo examen
Canadá, Francia, Indonesia, Italia, Kenia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Suiza, Reino Unido y Zambia son las naciones que respaldan la declaración. Una guía con 8 medidas busca orientar las políticas públicas con el fin de que incentiven las compras empresariales.
Según el análisis que ha sido citado por la coalición promotora de esta iniciativa, unas políticas favorables podrían hacer que el valor del mercado se multiplicase por cuatro, llegando en 2035 hasta los 21.000 millones de dólares. Esta es una proyección, no una cifra real de financiación ni una cantidad acreditada de emisiones reducidas.
Los gobiernos deben explicar qué resultados esperan obtener al estimular esa demanda. Presentar el volumen negociado como victoria ambiental, sin demostrar su eficacia, rebajaría la política climática a propaganda institucional.
Las líneas rojas se ubican en la reducción de las emisiones y en demostrar cada beneficio
La propia iniciativa reconoce que las empresas deben priorizar la reducción de su huella de carbono. Esa condición resulta decisiva, ya que comprar créditos de carbono en la COP31 no elimina las emisiones de una flota, una fábrica o una instalación energética.
La integridad y la ética exigen que se compruebe que los proyectos que emplean este método realmente generan más beneficios. También requiere que se evite la realización de contabilizaciones dobles y que se contemple que el carbono podría llegar a liberarse.
Son líneas rojas frente a una contabilidad que podría caer en la complacencia. Una empresa que adquiere certificados, pero en realidad aplaza las inversiones que le permitirían reducir sus emisiones, no puede pretender que ambas decisiones sean equivalentes ni que se le premie de alguna manera.
Financiar proyectos sin convertir la urgencia en un escaparate
Los créditos de carbono en la COP31 pueden canalizar recursos hacia iniciativas que necesitan financiación. Pero la etiqueta «alta integridad» debe respaldarse con métodos públicos, auditorías independientes y resultados verificables.
El crecimiento del mercado también exige protección social. La conservación no puede justificar el desplazamiento de comunidades ni el menoscabo de sus derechos. Los contratos, el reparto de ingresos y los mecanismos de reclamación deben permitir un escrutinio efectivo.
La coalición anuncia su ampliación a 15 miembros con la incorporación de Egipto. Ese respaldo político a los créditos de carbono en la COP31 aumenta su responsabilidad: impulsar la demanda sin reforzar los controles agravaría la desconfianza y dejaría otra colección de propuestas vacías.
Las reducciones no son tan reales como las cuentan
El dato demoledor procede de una revisión publicada en Nature Communications en 2024: estimó que menos del 16 % de los créditos emitidos por los proyectos investigados correspondía a reducciones reales.
El resultado pertenece a esa muestra, no a todos los créditos actuales. Pero obliga a exigir pruebas antes de celebrar los créditos de carbono en la COP31: multiplicar transacciones sin corregir la sobreestimación sería una debacle de credibilidad climática.
