“La presencia de petróleo en la Amazonia peruana ha marcado un hito histórico en la historia ambiental del país. Las cuencas de los ríos Marañón (Amazonas) y Morona (región de Loreto) quedaron expuestas al inminente peligro de contaminación y con ello, el agua potable de la que dependen las comunidades locales.”
Un oleoducto sin mantenimiento
En setiembre del año pasado, más de 70 comunidades que habitan cinco cuencas amazónicas (Marañón, Tigre, Corrientes, Pastaza y Chambira) bloquearon el río Marañón protestando por las fugas del ducto peruano norte y los derrames, debido al tráfico fluvial de los buques de transporte de petróleo, pero el gobierno ignoró la situación.
Según la Agencia de Evaluación y Control Ambiental (OEFA), solo en el correr del 2016, se comprobaron 13 derrames de petróleo que descargaron miles de barriles de petróleo en las vías navegables.
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Las autoridades ambientales culpan de los derrames al deteriorado oleoducto North Peru Pipeline, propiedad de Petroperu que data de los años 70 y transporta el petróleo extraído en la región de la amazonia peruana, desde la estación 1, situada en San José de Saramuro, Loreto recorriendo 854 kilómetros hasta Bayóvar, en la costa norteña.
Aunque muchos especialistas han confirmado la falta de mantenimiento del oleoducto, Petroperu sostiene que los derrames son causados por vandalismo y también por «causas naturales» con explicaciones tan peregrinas como que un rayo golpeó directamente el oleoducto y fue el causante de una de las fugas de petróleo.
Las comunidades alegan que, si los tubos de agua tienen que ser reemplazados cada cierto tiempo para evitar la acumulación de sedimentos en las tuberías, no quieren ni imaginar cuáles serán las condiciones en las que se encuentran las tuberías que transportan el petróleo por tantos kilómetros y que no han recibido mantenimiento alguno en los últimos 40 años.
Ellos sostienen que los derrames son prueba de que el Estado pasa por alto la irresponsable actividad extractiva y además lo hace de una manera que discrimina a las poblaciones indígenas, porque no reconoce sus derechos de cosechar los beneficios de las servidumbres de sus propias tierras.
Acuerdo en ciernes
Después de 117 días de protestas, las comunidades indígenas llegaron a un acuerdo de 19 puntos con el gobierno, que incluye la implementación de un plan de desarrollo integral basado en el respeto a la vida de los pueblos afectados por la actividad petrolera.
Dicho plan está siendo preparado por un equipo de 50 especialistas estatales que pertenecen los diferentes Ministerios involucrados y están trabajando en conjunto con las comunidades afectadas, para lograr un acuerdo entre las partes y prevenir la contaminación de las aguas, al tiempo que se respeten sus derechos.
