Cajamarca dice no a la minería y el gobierno colombiano los ignora

“El gobierno colombiano apoya al gigante minero AngloGold Ashanti, diciendo que la votación que se llevó a cabo en la ciudad de Cajamarca para prohibir la minería no tiene consecuencias legales. De esta forma ha dado el visto bueno a la perforación, de la que será la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo.”

Sin licencia ambiental

En un referéndum, los habitantes de la ciudad de Cajamarca prohibieron la minería, alegando que los planes de la AngloGold para cavar la mina constituían un atentado contra el Medio Ambiente y que sus consecuencias para el pueblo serían catastróficas.

La votación, sin embargo, «no tiene la capacidad de cambiar la ley», según el ministro de Minería, German Arce, quien explicó que, si bien un ayuntamiento tiene autoridad sobre lo que ocurre en la superficie, las autoridades nacionales son las que deciden qué sucede por debajo.

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El ministro repitió el argumento de la compañía minera de que una decisión del consejo estatal dicta que: «los votos populares» sólo se aplican a títulos futuros. AngloGold ha estado explorando sin la licencia ambiental necesaria desde 2002.

Mientras el gobierno se alió con la compañía minera, los expertos legales se han unido a la gente de Cajamarca, aunque tienen muy claro que no existe precedente legal y que el gobierno nacional podría ser demandado por la compañía minera por miles de millones de dólares, si viola los acuerdos comerciales que protegen la seguridad de los inversionistas.

Las compañías mineras colombianas están menos seguras que su contraparte sudafricana y desde la Asociación Colombiana de Minería, exigen que el congreso legisle de inmediato, de tal manera que las leyes sean las mismas para los locales que para los extranjeros.

Destrucción y miseria

Desde 2001, las empresas mineras han solicitado títulos mineros que cubren el 20% del territorio nacional de Colombia a través de unas 20.000 solicitudes de exploración y explotación; el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) otorgó 9.000 de estos títulos, sin que estos cumplieran con las regulaciones ambientales obligatorias, ni contasen con la aprobación local.

El actual gobierno de Juan Manuel Santos calificó a la minería como «el motor» de la economía colombiana en 2014 y desde entonces, varios municipios han emprendido acciones legales contra las licencias petroleras y mineras, mientras que el gobierno nacional declaró grandes franjas de tierra protegidas.

El problema mayor está en que mientras la minería ha sido rentable para la industria de combustibles fósiles, el gobierno nacional de Colombia y los inversionistas extranjeros, la mayoría de las áreas de influencia de esta industria han tenido más pérdidas que ganancias: no solo no salieron de la pobreza, sino que su Medio Ambiente local ha sido destruido.

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