“El gobierno colombiano está pidiendo regulaciones internacionales dirigidas a reducir la cantidad de oro extraído ilegalmente en su país y en todas partes del mundo y a controlar el ingreso del mismo, en los principales mercados internacionales.”
El “oro de sangre” en el mundo
De acuerdo con las declaraciones realizadas por el ministro de Minería y Energía del país, German Arce, gran parte del oro extraído ilícitamente en las selvas de la nación sudamericana está llegando a las refinerías internacionales de oro, que luego lo distribuyen a sus clientes de todo el mundo.
Más del 80% de la producción total de oro de Colombia proviene de minas ilegales controladas por guerrilleros y narcotraficantes, un problema que el gobierno aún no ha podido controlar y que representa una pérdida económica muy importante para el país.
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«Tiene que haber una responsabilidad por parte de los compradores para asegurarse de cuál es el origen del oro que están adquiriendo», dijo Arce. «Lo preocupante es que hay mucho oro extraído ilegalmente, que termina en las bóvedas de los bancos centrales de todo el mundo».
Según las cifras aportadas por la base de datos del comercio de productos básicos de las Naciones Unidas, Colombia exportó alrededor de 46,8 toneladas de oro, con un valor de más de $ 1,5 mil millones, solo durante el año pasado.
Y aunque es casi imposible saber cuánto de ese metal provenía de operaciones ilegales controladas por guerrilleros y narcotraficantes, los efectos dañinos para la economía del país de dicha actividad siguen aumentando.
El «oro de sangre» colombiano ha hecho del país una de las naciones con las mayores tasas de contaminación por mercurio en América Latina, seguida de cerca por Perú, donde el gobierno ha estado luchando durante años contra la extracción ilícita de oro.
Medidas gubernamentales
Hace dos años, el presidente Juan Manuel Santos inició un agresivo plan para combatir el problema. Entre las medidas aplicadas, concedió amplios poderes al Ministerio de Defensa, para combatir a todos los involucrados en el fomento y explotación del sector ilegal del oro del país.
Además, Santos anunció un nuevo proyecto de ley que será redactado en los próximos días, que aumentará las penas contra la actividad criminal de extracción de oro y la contaminación de las aguas por mercurio.
Colombia también ha iniciado un proceso de formalización, lo que implica ayudar a los mineros sin licencia a integrarse a la economía, pagando impuestos y presentando declaraciones de impacto ambiental, mientras que el gobierno les garantiza capacitación y seguridad.
A pesar de los objetivos del gobierno de formalizar a todos los mineros para 2032, un informe de investigación del Fondo de Periodismo de Investigación Samuel Chavkin de NACLA, cree que el programa no está funcionando como se esperaba.
