La directora de Áreas Silvestres Protegidas de la Seam, Lic. Carolina Pedrozo, dijo que la Asesoría Jurídica de la institución impulsará las acciones que correspondan
La Secretaría de Ambiente (Seam) tomará intervención en la venta irregular de parcelas que están dentro del área de reserva del Parque Nacional Ypacaraí en la compañía Ciervo Cua. Según denuncias, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), durante la gestión de Luis Ortigoza, vendió 2,5 hectáreas a Santiago Benítez Vega, mientras la Comuna de San Bernardino, administrada por el intendente Ramón “Tati” Zubizarreta, comercializó 3,5 hectáreas.
La directora de Áreas Silvestres Protegidas de la Seam, Lic. Carolina Pedrozo, dijo que la Asesoría Jurídica de la institución impulsará las acciones que correspondan para precautelar la integridad de la zona de reserva del Parque Nacional Ypacaraí. Solicitarán una medida cautelar de no innovar, notificarán al Indert y a la Municipalidad para una inmediata suspensión de actividades dentro del área.
Hasta que se determine si las tierras vendidas están o no dentro de los límites de las unidades de conservación que integran el sistema nacional de área silvestre protegida, la Seam gestionará la cancelación de las transferencias que ya fueron realizadas. Los trámites se realizarán independientemente de los hechos jurídicos y administrativos, dijo la Lic. Carolina Pedrozo.
Según la funcionaria la venta de áreas protegidas fue una constante durante la administración de Luis Ortigoza en el Indert. Se tienen problemas de esa índole en varios parques nacionales del país, acotó.
Indicó que desde hace más de un año comenzaron a enviar notas al Indert advirtiendo sobre los hechos, pero el ente agrario no respondió las misivas.
Cardozo señaló que tienen un plan de manejo para que el lugar deje de ser una reserva y se convierta en un parque protegido definitivamente. Explicó que el proyecto debe ser socializado con los pobladores para darle una categoría de manejo ambiental acorde a los objetivos de conservación del área para los cuales fue creado, reconociendo las condiciones actuales que tiene el lugar.
Esta actividad tendría uno a dos meses de duración, dependiendo de la buena voluntad y colaboración de los municipios que conforman el perilago, manifestó.
Pedrozo señaló, además, que en la reunión de la Comisión Interinstitucional encargada de preservar y controlar el medioambiente, realizada ayer en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se trató el tema.
Como primera medida se dio apertura a una carpeta fiscal para investigar las denuncias. La fiscal designada para llevar el caso es Cinthia Lovera.
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