El décimo aniversario del asesinato de Berta Cáceres volvió a llenar las calles de Tegucigalpa con consignas de justicia y memoria. Frente a la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, sus hijas Bertha y Laura Zúniga encabezaron protestas para exigir que se procese a los autores intelectuales del crimen.
Diez años después del asesinato de la ambientalista hondureña, el caso sigue siendo símbolo de la lucha por los derechos indígenas y la defensa del territorio en América Latina. La impunidad, denuncian, sigue abierta.
Décimo aniversario del asesinato de Berta Cáceres marcado por reclamos de justicia
Las hijas de la líder indígena reclaman acción contra los autores intelectuales mientras denuncian impunidad diez años después del crimen.
Decenas de personas, en su mayoría miembros de la comunidad lenca, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros, se unieron a las manifestaciones. Se congregaron para honrar al líder indígena asesinado el 2 de marzo en La Esperanza, Intibucá.
Bertha Zúniga enfatizó que un proceso judicial pendiente contra miembros de una prominente familia empresarial sigue sin resolverse. La familia ha sido identificada como la presunta autora intelectual del crimen. Exigió concretamente que el Ministerio Público procese dicha solicitud.
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Diez años no han apagado la exigencia. El décimo aniversario del asesinato de Berta Cáceres fue recordado en Tegucigalpa con protestas frente a la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, donde sus hijas Bertha y Laura Zúniga reclamaron avances concretos contra quienes consideran autores intelectuales del crimen.
Protestas frente a la Corte Suprema y la Fiscalía
Decenas de personas, en su mayoría integrantes del pueblo lenca, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros, acompañaron las movilizaciones. No solo para recordar a la líder indígena asesinada el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, sino también para denunciar la violencia persistente contra quienes defienden los recursos naturales, como Juan López, asesinado en septiembre de 2024.
Bertha Zúniga subrayó que sigue pendiente la ejecución de un requerimiento fiscal contra miembros de una familia empresarial señalada como autora intelectual del asesinato. “Esa es la petición concreta que tenemos en el Ministerio Público”, afirmó.
La ambientalista asesinada era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y se oponía a un proyecto hidroeléctrico que, según denunciaba, afectaba territorios indígenas y ecosistemas locales. Su muerte generó condena internacional y convirtió su nombre en símbolo global de la defensa ambiental.
Un crimen documentado, previsible y aún sin responsabilidades completas
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras), presentado en enero pasado, el asesinato fue “previsible y prevenible”, y el Estado contaba con información concreta sobre su planificación. A pesar de ello, las hijas de Berta Cáceres denuncian que no se han deducido responsabilidades contra quienes habrían ordenado el crimen.
En noviembre de 2024, la Corte Suprema ratificó las condenas contra siete personas por el asesinato y por el intento de homicidio del activista mexicano Gustavo Castro, único testigo del ataque. Sin embargo, para la familia, el proceso judicial está incompleto.
Laura Zúniga denunció que en instituciones como la Fiscalía se les niega acceso efectivo y que las autoridades “se niegan a investigar a los asesinos” de defensores ambientales.
Memoria, defensa territorial y legado indígena
Durante la protesta, los manifestantes realizaron un acto simbólico de “justicia colectiva”, denunciando lo que consideran falta de voluntad política para sentar un precedente histórico en Honduras y en la región.
El décimo aniversario del asesinato de Berta Cáceres no fue solo un acto de memoria. Fue una advertencia. Porque cuando la justicia se retrasa, la herida permanece abierta.
La ambientalista asesinada coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Se oponía a un proyecto hidroeléctrico que, según ella, amenazaba territorios indígenas y ecosistemas locales. Su muerte provocó la condena internacional y convirtió su nombre en un símbolo global de la defensa del medio ambiente.
Según un informe reciente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Honduras, el asesinato era previsible y evitable. El documento afirma que las autoridades tenían información específica sobre el complot, por lo que su muerte se podría haber evitado. Seguir leyendo en ECO AMERICA
