El Día Mundial del Medio Ambiente 2025 se centra en un tema crucial: «Poner fin a la contaminación por plásticos». Un mensaje que invita a abordar el problema no desde la prohibición o la alarma, sino desde la educación, el análisis crítico y la búsqueda de soluciones y alternativas sostenibles.
Este material ha sido clave en muchos avances científicos, médicos y tecnológicos. Sin embargo, cuando se utiliza de forma desmedida o no se gestiona adecuadamente al final de su vida útil, puede generar un grave impacto ambiental.
Cada año se producen más de 430 millones de toneladas de plástico, y una gran parte termina como residuo tras un solo uso. El problema no es solo la cantidad, sino cómo lo consumimos y, sobre todo, cómo lo descartamos.
En este contexto, se pueden plantear acciones que inviten a pensar en términos de reutilización, rediseño, reducción o economía circular. Iniciativas como analizar los residuos del centro, investigar materiales alternativos o debatir sobre el diseño de productos más sostenibles pueden ser interesantes herramientas pedagógicas.
Celebrar este día es también una oportunidad para enseñar que las pequeñas decisiones –usar una botella reutilizable, reparar objetos antes de desecharlos o entender cómo funciona el reciclaje– tienen un impacto real.
España es el país con más zonas protegidas de Europa:
16 parques nacionales, 154 parques naturales, 294 reservas naturales, 367 monumentos naturales, 67 paisajes protegidos y dos reservas marinas. Son 222.000 km2 de terreno protegido, el 27% del terreno nacional. En otras palabras, la misma superficie que la suma de todo el territorio de Portugal y Grecia.
Dentro de los espacios protegidos la legislación varía. Los parques nacionales, bajo el amparo del gobierno central, tiene una normativa más férrea en cuanto a las actividades que se pueden realizar en terreno protegido. Por ejemplo, se prohíbe la extracción de materias primas, la caza, la pesca o la construcción de cualquier infraestructura que no esté dirigida a la conservación. Por otro lado, los parques naturales, dependientes de las comunidades autónomas, cuentan con una legislación más laxa. En ellos se permite la construcción de infraestructuras y la recolección de materias primas, todo amparado en informes previos de impacto ambiental para asegurar la sostenibilidad de la zona.
Esta diferencia legislativa ha permitido que, en los últimos años, varios proyectos industriales o turísticos se lleven a cabo en las inmediaciones de parques naturales y reservas de la biosfera en distintos puntos del país.
En Galicia y en Aragón, la creación o puesta en marcha de estos proyectos ha generado un debate social. La confrontación entre los intereses económicos y la protección de los parajes naturales ha ocasionado tensión entre los habitantes y los gobiernos autonómicos, que han derivado en protestas y campañas ciudadanas lideradas por organizaciones ecologistas con la intención de frenar el avance de estas iniciativas.
Altri
La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Xunta de Galicia del proyecto de la fábrica de celulosa de la empresa Altri en Palas de Rei (Lugo) ha generado un revuelo social, político y ecológico. Según el documento publicado por la Secretaría General de Industria de la Xunta la fábrica ocupará, para su construcción y posterior actividad, 350 hectáreas de terreno natural en la comarca de Ulloa, consumirá 640 litros de agua por segundo y expulsará gas licuado a la atmósfera. Desde Altri destacan que «supondrá un impacto económico total de 624 millones de euros sobre el PIB de Galicia«.
Plataformas ecologistas y vecinales, como UlloaViva, creen que estos procesos terminarán afectando al sector primario de la comarca y a la biodiversidad de los parques naturales que colindan con el proyecto, como la Serra Do Careón, un área de gran interés geológico, ambiental y cultural, ya que forma parte de una de las rutas del camino de Santiago.
«La afectación de la fábrica, por sus características, no solo es a nivel local, sino que también es de largo recorrido. La contaminación llegará a la ría de Arousa, este proyecto va a tener consecuencias a 200 km de la actividad industrial», comenta Zeltia Laya, representante de la plataforma vecinal UlloaViva. «La ría de Arousa es una de las vigas principales del sector marisquero en Galicia. Sin embargo, las consecuencias del cambio climático están mermando su producción», afirma Laya.
Desde la empresa niegan que la canalización de agua del embalse, con su posterior vertido, y su proximidad al parque natural vaya a tener consecuencias ecológicas negativas. «Contamos con decenas de informes de empresas independientes y el resultado es el mismo: no. La Xunta de Galicia no va a querer ver perjudicada a su población por nada ¿no? El alcalde de Palas de Rei es el mayor apoyo de este proyecto, vive allí y no quiere cosas malas para su familia», afirma Sofía Jorge, portavoz y responsable de Sostenibilidad y Riesgos de Altri, además de ser miembro del Consejo Ejecutivo.
Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA)
La producción de berberecho se ha reducido en un 93% en 2024 en comparación con la media de los cinco años anteriores, con solo 19 toneladas. También la de almeja fina cayó un 86% durante 2024, provocando ambas especies unas pérdidas económicas de más de 40 millones de euros solo en el marisqueo. «Si la fábrica se construye, 30 millones de litros de agua contaminada al día acabarán en la ría. Las marisqueras y los bateeiros llevan años pidiendo que la ría no sea un vertedero», comenta Laya.
Para recoger la cantidad de agua necesaria, la planta de celulosa se abastecería de las reservas del embalse de Portodemouros, situado a 12 kilómetros de la ubicación de la fábrica. Desde UlloaViva advierten del coste ecológico y económico que esto provoca en el resto de comarcas: «Para eso hay que canalizar durante casi 13 kilómetros todo el cauce fluvial que viene del embalse. Se van a expropiar terrenos. Además muchos proyectos ganaderos y agroalimentarios que cuentan con el certificado ecológico van a verse directamente afectados por este consumo ingente de agua y por la contaminación», advierten desde la plataforma vecinal.
Por otro lado, desde el prisma empresarial, Jorge considera que «las organizaciones ecologistas no saben nada o muy poco del proyecto, somos técnicos no políticos. No vamos a invertir mil millones de euros para tener impacto ambiental negativo. La zona de captación de agua está después de los vertidos. Hemos hecho estudios de impacto sobre el río tras las vertidas de agua y la influencia es mínima. Nosotros gestionamos plantas, tenemos una con 56 años, otra con 60… no vamos a arriesgar la inversión de los accionistas a un proyecto que no tenga rentabilidad».
Para Laya, la creación de este proyecto «pasa por la desprotección de la Serra do Careón», símbolo de la cultura gallega y joya geológica por su diversidad mineral, que colinda con la finca donde se va a construir la fábrica de macrocelulosa. «La mitad de la finca donde se emplazaría la fábrica está declarada como Parque Natural (dentro del terreno protegido de la Serra do Careón), la otra mitad pertenece al Ayuntamiento de Palas de Rei, donde hay una moratoria para declarar esa parte de la finca dentro del terreno protegido», comenta Laya.
Altri Non!
Las manifestaciones y el movimiento ciudadano comenzaron en 2024, tras la publicación de detalles en el Diario Oficial de Galicia y la posterior solicitud de ayudas públicas al Ministerio de Industria. Los pescadores de la ría cambiaron las redes por pancartas y los puertos por tierra firme. Las lonjas enmudecieron, los murmullos entre pescateros y clientes se tornaron en gritos de protesta en las plazas de las ciudades y pueblos en días como el 15 de diciembre de 2024 en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. La protesta contra la macrocelulosa fue histórica, según las organizaciones, 100.000 personas llenaron el centro de la ciudad para dejar un mensaje: «Altri Non!«, la exclamación que se ha convertido en lema.
Sin embargo, la oposición pública y social no será un impedimento si la empresa portuguesa consigue las condiciones para realizar el proyecto. Esto pasa por la financiación pública y la conexión a la red eléctrica española. «Ahora mismo el proyecto está pendiente de financiación y temas burocráticos, contamos con el DIA otorgado por la Xunta. Esto demuestra que los parámetros cumplen las normas ambientales y europeas para la construcción de un proyecto como este. Estamos a la espera para ver la asignación de fondos europeos, necesitamos el 20/25% de la inversión inicial, unos 250 millones de euros«, afirma Jorge.
Aragón vs estaciones de esquí
A las faldas del Pirineo aragonés, entre tresmiles e ibones de alta montaña, el Gobierno de Aragón va a destinar fondos europeos Next Generation a la creación de una serie de telecabinas para unir todas las pistas esquiables de la comunidad, bajo el nombre de Circus Sky Aragón.
Enlazar Astún y Formigal conlleva construir una obra de gran magnitud en el valle virgen de Canal Roya. En otra parte del Pirineo, el Gobierno de Aragón ha destinado 12 millones de euros a la construcción de una telecabina que unirá el municipio de Benasque con la estación de esquí de Cerler. Paco Iturbe, científico e integrante de la Plataforma Por la Defensa de las Montañas de Aragón advierte que muchos ciudadanos «no ven con buenos ojos favorecer a una empresa privada con fondos públicos para la transición ecológica, más aún cuando ya existe comunicación entre el municipio y las pistas de esquí por carretera. Lo que piden los ciudadanos es una mejora en la red de transporte«.
Un informe realizado por el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) advierte de que en 2050 el manto nival en el Pirineo Central va a desaparecer. «Ni con cañones de nieve artificial ni con inyección pública se podrá esquiar en el Pirineo, esto crea bastante rechazo entre la opinión joven. Si tienes 20 o 30 años y te dicen que van a invertir todo a un sector que luego va a desaparecer… como proyecto de vida no tiene futuro», afirma Iturbe.
Polémica en Aragón por intentar unificar las estaciones de esquí de Astún y Formigal
Los dos tramos de telecabina prevén la instalación de más de 50 pilonas de hormigón con sus respectivos raíles y construcciones para el mantenimiento, que, según Iturbe, provocarán un impacto ambiental y paisajístico de la zona: «Dentro de 10 o 20 años, cuando no haya nieve en el Pirineo, toda esa infraestructura se quedará ahí, inservible y contaminando».
Los fondos Next Generation tienen como objetivo principal la recuperación económica y social a través de inversiones y reformas, con un enfoque en la transición ecológica. Según Iturbe, en esta iniciativa estas premisas no se cumplen. «Este proyecto no mejora la biodiversidad sino que la empeora. Tienen la intención de abrir pistas forestales en el bosque de La Mosquera para la circulación de maquinaria pesada. Esto provoca daños irreversibles en la biodiversidad y estructura del paisaje».
Sin embargo, desde el Consistorio de Benasque afirman que «el proyecto de la telecabina cuenta con el beneplácito de todos. Los que quieren defender las montañas, que dejen la ciudad y vengan a los pueblos a vivir», comenta Manuel Mora, su alcalde. Asegura que las obras «están cumpliendo todos los requisitos que marca la Declaración de Impacto Ambiental».
Sin embargo, desde la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos han denunciado que el proyecto ha sido aprobado sin haberse ejecutado las obras para reducir la vulnerabilidad frente a las inundaciones en la zona de salida de la telecabina, tal y como se exige el apartado número 10 en la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Gobierno de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de 2023.
Defensa de las montañas
Los habitantes de la montaña se manifiestan periódicamente para que se oiga su eco. En 2023 comenzaron las protestas en defensa de Canal Roya. Ciudades como Jaca, Huesca y Zaragoza fueron testigos de la indignación de una parte de la ciudadanía. «Gracias a la presión social que ejercimos durante el 2023 con la situación de Canal Roya, el proyecto está en stand by«, comenta Iturbe. El Gobierno de Aragón no ha renunciado al proyecto pero sí a redistribuir los 26 millones de euros asignados desde Europa. Las plataformas y asociaciones vecinales siguen manifestándose para proteger Canal Roya. «Desde los colectivos lo que se pide es que se declare como parque natural, para que no puedan destruirlo», afirma Iturbe.
Por otro lado, Mora asegura que la controversia disuade a algunos partidarios de pronunciarse: «Hay muchísima gente que no está diciendo que le encanta y que le gusta, pero es que no hay por qué estar diciéndolo. Hay muchos que no lo dicen pero están del lado del proyecto».
Por el momento, ambos proyectos siguen en pie con la colaboración de los gobiernos autonómicos a pesar de la tensión social y la confrontación entre intereses económicos y ecológicos.
