El proyecto de Altri de construir una fábrica de celulosa en Galicia está siendo combatido por múltiples razones desde el seno de las organizaciones ecologistas y también de parte de los vecinos que no quieren que se contaminen sus aguas o se planten más eucaliptus, entre otras muchas razones que esgrimen en contra del proyecto que acaba de ser calificado como Dodgy Deal por la organización BankTrack.
BankTrack es una organización internacional de apoyo a la sociedad civil dirigida a los bancos comerciales del sector privado y las actividades que financian. Su misión es instar a los bancos comerciales de todo el mundo a actuar con urgencia, decisión y justicia ante la creciente crisis climática, la continua destrucción de la naturaleza y la violación generalizada de los derechos humanos.
La inclusión de una proyecto o empresa en los perfiles Dodgy Deal es decir, un ‘acuerdo turbio’ tiene como objetivo ejercer presión pública sobre los bancos para que refuercen sus compromisos políticos y se abstengan de financiarlos.
Altri: considerado un acuerdo turbio
BankTrack, en colaboración con la Red Environmental Paper Network (EPN) y Greenpeace España, ha publicado recientemente un nuevo perfil sobre la controvertida fábrica de celulosa y lyocell del proyecto Gama, propuesta en Palas de Rei (Lugo, Galicia) por la empresa portuguesa Altri.
El perfil se incluye en la base de datos Dodgy Deal de BankTrack, que recopila información sobre empresas o proyectos con impacto negativo en las personas y el planeta que podrían ser financiados por bancos.
La publicación de este perfil llega en un momento de creciente indignación pública, ya que las protestas contra el proyecto Altri siguen movilizando masivamente a la sociedad gallega, con una nueva manifestación programada para el próximo domingo 1 de junio.
La protesta, bajo el lema «Nin Ence na Ría, Nin Altri na Ulloa», se opone al proyecto Altri y a sus potenciales impactos negativos en la comarca de a Ulloa, el río Ulla y la ría de Arousa, y exige al Gobierno español que niegue la concesión de cualquier financiación pública al proyecto.
El detallado perfil del acuerdo turbio expone los impactos destructivos del proyecto, propuesto por Greenfiber, una empresa conjunta del conglomerado portugués Altri (75 %) y la española Greenalia (25 %). El perfil destaca el impacto devastador en la biodiversidad y varias especies endémicas, junto con un alto consumo de agua, que supera el de la población total de la provincia de Lugo, de unos 325.000 habitantes.
También llama la atención sobre un posible aumento en la demanda de plantaciones de eucalipto, que podría llegar a sumar hasta 190.000 hectáreas en la región peninsular, donde estos cultivos ya están más concentrados, lo que también aumenta el riesgo ante los incendios forestales.
No se puede financiar este proyecto
Ante la creciente preocupación de que este proyecto tan dañino pueda seguir adelante a pesar de la resistencia local, la información proporcionada en el perfil de Banktrack es crucial para garantizar que todas las partes interesadas, incluidos los posibles financiadores, sean plenamente conscientes de las consecuencias negativas que este proyecto tendrá para la salud de las personas, los ecosistemas locales, la economía y los medios de vida tradicionales.
La protesta del 8 de mayo en Madrid, organizada por la Plataforma Ulloa Viva y varias ONG, marcó el último capítulo de una oleada de manifestaciones a gran escala contra el proyecto Altri, que comenzaron ya hace más de un año.
El 4 de mayo, cientos de personas y embarcaciones participaron en una protesta a lo largo del río Ulla hasta Padrón (A Coruña) y el pasado diciembre, más de 100.000 personas protestaron en la capital de Galicia, Santiago de Compostela, poniendo de manifiesto la amplia oposición regional. Está previsto que las protestas continúen el 1 de junio en Pontevedra.
«Nuestras comunidades se han expresado con claridad en contra del proyecto de Altri», ha declarado una portavoz de Ulloa Viva. «No podemos permitir que fondos públicos financien un proyecto que amenaza nuestros cursos fluviales, ecosistemas y medios de vida».
El coste total estimado de la primera fase del proyecto es de 900 millones de euros. Altri solicita al Gobierno español ayudas públicas por un valor de hasta 250 millones de euros. La financiación restante procederá de entidades privadas o de entidades financieras de desarrollo.
Con la firme oposición de decenas de miles de residentes, asociaciones y empresas locales, el proyecto Gama de Altri amenaza los ecosistemas, los medios de vida, la salud y la calidad del agua, lo que supone un riesgo reputacional que, según Banktrack, ningún banco o inversor responsable puede permitirse ignorar.
