No solo los incendios afectan negativamente a la Amazonía brasileña que está sometida a una acelerada reducción de su masa forestal, sino que la mayor y más destructiva actividad que se registra es la minería ilegal, especialmente la del oro, que está directamente vinculada con la deforestación y la contaminación de los ríos y masas de aguas subterráneas.
Esta situación pone en peligro a las comunidades indígenas que viven sobre las riberas del río Amazonas y del resto de vías fluviales de los países que forman parte de la región. Una gran parte de la población sufre graves problemas de salud a causa del uso indiscriminado del mercurio.
Por otra parte, desde que asumió su segundo mandato como presidente de Brasil, Lula Da Silva se comprometió a tomar medidas para acabar de una vez con esta flagelo que está matando a la Amazonia y a sus habitantes. Y el resultado de ello son las operaciones anti minería ilegal que está llevando a cabo.
No más minería ilegal en la Amazonia
El Gobierno brasileño anunció recientemente una operación para expulsar a los buscadores de oro de la Tierra Indígena Kayapó, uno de los territorios más afectados por la minería ilegal en la selva amazónica. La operación se lleva a cabo por orden del Tribunal Supremo y se pondrá en marcha el próximo viernes en este territorio indígena, donde viven 6.365 indígenas, de la etnia mebengôkre y del grupo aislado de Río Fresco.
Los mineros ilegales, también conocidos como garimpeiros, han destruido 274 hectáreas de bosque nativo de la tierra Kayapó, un 8,5 % de la extensión de la reserva, según datos de un comunicado del Ministerio de los Pueblos Indígenas.
La minería ilegal, además de destruir la selva, utiliza metales pesados en sus procesos, entre ellos el mercurio, que contaminan los ríos y la pesca, lo que ha causado enfermedades a la población nativa. Según el comunicado, la tierra Kayapó es la segunda reserva indígena más afectada por la minería ilegal en Brasil, por detrás de la tierra indígena Sararé.
La operación de expulsión de los mineros será coordinada por los Ministerios de Presidencia y de los Pueblos Indígenas y movilizará una veintena de organismos públicos, que incluyen varios cuerpos de policía. Esta es la octava operación de expulsión de garimpeiros promovida por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde que llegó al poder en 2023.
La lucha contra la minería ilegal es uno de los pilares de la política indígena del Gobierno, al lado del combate a la deforestación ilegal y la retomada de los procesos de demarcación de tierras, que habían sido suspendidos por el Ejecutivo del presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
No obstante, los pueblos indígenas se quejan de la lentitud en los procesos de protección de sus tierras. Desde 2023, el Gobierno creó 13 nuevas reservas y asegura que otras 11 están listas para alcanzar ese estatus. Actualmente, existen unas 600 tierras indígenas protegidas, que ocupan cerca del 14 % del territorio nacional y albergan a cerca de 700.000 personas. EFE / ECOticias.com
