ICV se ha sumado a la denuncia que ha presentado la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables ante la Fiscalía Especial para investigar presuntas irregularidades a la hora de fijar los criterios en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, que supusieron unos recortes de 3.000 millones de euros anuales.
En un comunicado, la portavoz de ICV en el Congreso, Laia Ortiz, afirma que la formación desea que se investigue, ya que considera que han sido recortes «arbitrarios que no se basan en ningún informe técnico».
La diputada señala que la medida se trató de «un recorte ideológico que ataca directamente a las pequeñas y medianas empresas del sector».
En la denuncia, ambas asociaciones entienden que puede haber existido en el proceso un delito de presunta «prevaricación» y apuntan «como autor, fundamentalmente», al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, «por ser quien ha tenido el dominio del acto».
«Lucharemos en las instituciones y donde sea necesario para defender las energías renovables frente a los ataques del lobby eléctrico», dijo Ortiz.
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