Los testimonios de ambos funcionarios, en calidad de testigos, se han sumado a las testificales que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid que investiga una supuesta trama, con participación de exaltos cargos de la Junta y empresarios, que en el periodo 2000-2015 se saldó con mordidas por valor de hasta 80 millones de euros por la agilización en la tramitación de este tipo de huertos eólicos.
El exdirector director del Ente Regional de la Energía (EREN), Ricardo González Mantero, y el todavía jefe del Servicio de Industria de la Delegación Territorial de Burgos, Mariano Muñoz, han reconocido ha existencia de órdenes o instrucciones políticas para otorgar trato preferencial a aquellas solicitudes de autorización de parques eólicos que contaran con inversores locales.
Los testimonios de ambos funcionarios, en calidad de testigos, se han sumado a las testificales que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid que investiga una supuesta trama, con participación de exaltos cargos de la Junta y empresarios, que en el periodo 2000-2015 se saldó con ‘mordidas’ por valor de hasta 80 millones de euros por la agilización en la tramitación de este tipo de ‘huertos’ eólicos.
El primero de ambos, Ricardo González Mantero, hoy director de Energía y Minas pero director del Departamento de Relaciones Externas, Estudio y Formación del EREN entre 2003 y 2005 y a partir de mayo de ese año director del citado departamento, habría venido a reconocer ante la juez, a preguntas del Fiscal Anticorrupción Tomás Herranz, que en aquellas solicitudes de parques eólicos sin participación de socios locales se producía un parón que concluía en cuanto estos últimos pasaban a formar parte del accionariado de las sociedades promotoras.
Así lo ha explicado a posteriori, en declaraciones recogidas por Europa Press, el abogado de la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción, Emilio Martínez, quien ha desvelado que González Mantero reconoce la existencia de «una orden expresa, instrucciones políticas para que no se tramitaran los parques hasta que entrasen socios locales», algo que, según el letrado, atribuye al entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales investigados en la causa, aunque sin llegar a citar al consejero Tomás Villanueva, también citado como investigado.
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