Así lo han explicado en la presentación de este acuerdo, tras su aprobación en Junta de Gobierno, el alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal delegado de Inspección General de Servicios, Sergi Campillo.
El Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes el acuerdo marco para la contratación del suministro de energía eléctrica del consistorio, Fundación Deportiva Municipal y Universidad Popular. Como principales novedades, la empresa ganadora del concurso deberá aplicar medidas contra la pobreza energética y que el total de la energía suministrada provenga de fuentes renovables.
Así lo han explicado en la presentación de este acuerdo, tras su aprobación en Junta de Gobierno, el alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal delegado de Inspección General de Servicios, Sergi Campillo.
«Este acuerdo muestra el compromiso de este Ayuntamiento para combatir la pobreza energética y dar ejemplo a la hora de utilizar energías renovables, porque creemos que así podemos ayudar a concienciar a la sociedad», ha aseverado Ribó.
De este modo, todas las ofertas deberán incluir un certificado que acredite la certificación de la procedencia de las fuentes de energía renovables. El contrato tendrá una duración de dos años con posibilidad de dos prórrogas de un año y el precio total, incluyendo las posibles prórrogas, ascenderá a 63 millones de euros más IVA.
El consistorio, según ha explicado el alcalde, pretende «entroncar» este contrato con la Ley 3/2017 de la Generalitat Valenciana para paliar la pobreza energética. «El Ayuntamiento propondrá negociaciones con la empresa adjudicataria sobre la mejora de los hábitos de consumo, la eliminación de cortes de suministro o la contribución al ahorro energético», ha añadido.
«VULNERABILIDAD SOCIAL»
«La empresa solo podrá cortar el suministro energético a sus clientes de la ciudad previo informe a los servicios sociales municipales para determinar si se encuentra vigente la declaración como hogar en situación de vulnerabilidad social», ha explicado Ribó.
Además, Campillo ha anunciando que el Ayuntamiento se encuentra estudiando «la posibilidad legal» de aplicar otra cláusula en el contrato para garantizar que la empresa mantenga las condiciones laborales de los trabajadores implicados en la prestación del servicio «según leyes y convenios del sector actuales», en caso de una nueva reforma laboral del Gobierno.
«En el contrato vienen reflejados los gastos de personal, y no es de recibo que la empresa los recorte una vez adjudicado y el Ayuntamiento los siga pagando», ha subrayado.
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