Al margen de la opinión tremendamente crítica del sector, sin diferencias entre las empresas beneficiarias y las que se quedaron fuera del polémico concurso eólico impulsado por el bipartito y anulado ahora por la nueva Xunta, el primer toque de atención sobre las lagunas que presenta el anteproyecto de la futura ley para regular el aprovechamiento del viento en Galicia llega desde dentro. Desde los propios asesores legales de la Administración autonómica, que ya le han dicho al presidente que la justificación a la que se agarra para implantar el discutido canon va a dar muchos quebraderos de cabeza. Sobre todo, si los promotores llevan al asunto hasta los tribunales, como parece que están dispuestos a hacer en caso de que el Gobierno gallego no de marcha atrás. Un argumento débil, según los juristas, el supuesto impacto de los parques en el paisaje porque hay muchas otras actividades industriales o de servicios que por esa misma razón tendrían también que pagar el impuesto. Alberto Núñez Feijóo reconoce que se pudo producir «algún error», aunque le quita importancia. «Si hay algún ajuste como los términos que se refieren al paisaje o a especificaciones técnicas son los ajustes normales que se proceden en todos los textos jurídicos», defiende.
El canon eólico no puede justificarse en el paisaje
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