Condena de 6.000 euros a los activistas de Greenpeace por pedir el cierre de Garoña

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Villarcayo (Burgos) ha condenado a los 29 activistas de Greenpeace que protestaron pacíficamente en la central nuclear de Garoña a pagar un total de 6.090 euros de multa como autores de una falta de desobediencia a los agentes de la Autoridad.

Greenpeace se muestra disconforme con esta sentencia y recurrirá la misma ante instancias superiores, siempre en defensa del derecho a la libertad de expresión y de manifestación por medios pacíficos.

El pasado 20 de noviembre de 2008, a pocos meses vista de la decisión que el Gobierno debía tomar sobre el cierre de la central nuclear de Garoña, activistas de Greenpeace llevaron a cabo en la central una protesta pacífica. Con ella exigían al Gobierno socialista el cumplimiento de su compromiso de cierre de las centrales nucleares y el cierre inmediato de Garoña (cuyo permiso de explotación finalizaba el 6 de julio de 2009). En la madrugada de aquel día, 60 activistas lograron instalar un contenedor de resistencia en la entrada principal de esta central. Tras más de 12 horas de resistencia pacífica, fueron desalojados por miembros del Grupo de Reserva y Seguridad Nº. 6 de la Guardia Civil, que detuvieron a 29 de ellos.

Precisamente, semanas antes de dicha acción, Greenpeace supo (e hizo público) que el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, había pactado, a espaldas de la ciudadanía, con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las compañías eléctricas propietarias de Garoña (Iberdrola y Endesa, que forman Nuclenor, la titular de la central) sobre el futuro de la central nuclear burgalesa. Su permiso de explotación finalizaba el 5 de julio de 2009, 38 años después de que Franco la inaugurara. Debido a ese pacto, el CSN informaría en junio de 2009 a favor de conceder la prórroga de 10 años que había solicitado previamente Nuclenor, a pesar de los problemas de seguridad de esta central.

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A partir de ese momento, al hilo de ese pacto, Nuclenor, Endesa e Iberdrola, el Foro Nuclear y todos los acompañantes del lobby nuclear (incluidos destacados responsables del Partido Popular, y políticos como Felipe González o Rosa Díez, entre otros) repitieron sistemáticamente el mismo mensaje: la decisión sobre el futuro de Garoña deberá ser la que tome el CSN y no una decisión política basada en el cumplimiento de un compromiso electoral y de Gobierno.

El pasado 5 de junio, como se esperaba, el CSN emitió su dictamen favorable, a pesar de que la central de Garoña había incumplido varios de los requisitos que el CSN previamente les había exigido para prorrogarle la licencia: la substitución del cableado eléctrico y solventar los reiterados problemas de la ventilación de emergencia de la contención. Además, el Consejo minimizó el grave estado de agrietamiento múltiple por corrosión que afecta a elementos de la vasija del reactor y otros elementos del circuito primario, incomparable con ninguna otra central del mismo tipo en Estados Unidos u otros países.

Finalmente, el 2 de julio el Gobierno hizo pública su decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña: el cierre se producirá en 2013. Una decisión incomprensible, puesto que el Gobierno y el Ministro de Industria, el pronuclear Miguel Sebastián, habían reconocido que la central nuclear de Garoña es perfectamente prescindible, que su cierre es asumible porque no afectaría en modo alguno a la garantía del suministro eléctrico. El argumentario utilizado por el Gobierno para cerrarla en 2103 es igualmente válido para cerrarla en 2009, como desde Greenpeace y el movimiento ecologista se pedía .

Conceder a Garoña esos cuatro años extra sólo se explica porque el Gobierno, que había anunciado previamente (incluso por medio de Zapatero) que la cerraría en 2011, se ha doblegado a las presiones de Endesa-Enel y de Iberdrola, las compañías eléctricas propietarias de Garoña (a través de la empresa Nuclenor), y del resto del lobby nuclear. Esos cuatro años extra suponen un regalo de 1.000 millones de euros para Iberdrola y Endesa-Enel. Además, se le exime de hacer toda una serie de
inversiones en materia de seguridad. Cuatro años de riesgo de sufrir un
accidente nuclear en esta central nuclear vieja, deteriorada y peligrosa.

Greenpeace emitió ese mismo día 2 de julio un duro comunicado condenando la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de mantener en funcionamiento cuatro años más la central nuclear de Garoña (Burgos). Greenpeace denunciaba que, con esa decisión, Zapatero demostraba su falta de palabra y su incoherencia y que al final la codicia de Iberdrola y Endesa, propietarios de la central, empeñados en seguir lucrándose con una central vieja y peligrosa pero totalmente amortizada, habían pesado más sobre Zapatero y su Gobierno, que el interés general de la sociedad.

Zapatero había así incumplido de forma clara su “compromiso electoral, programático y de investidura” de abandonar la energía nuclear, y había dado un gran paso atrás en la consecución de un modelo energético sostenible, basado al 100% en las energías renovables y en la eficiencia energética.

 

Greenpeace

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