Un dato revela el desinterés de las autoridades gallegas por la protección ambiental: sólo el 11,6% del territorio de Galicia está integrado en la Red Natura 2000, lejos del 40% de comunidades como Madrid o del 26% de media estatal, y únicamente por delante de Melilla. Pero si la superficie protegida es poca, las garantías de amparo son menores. Sólo así se explica que en territorios sujetos a la Directiva del Hábitat de la UE se hayan instalado de parques eólicos a centrales eléctricas, pasando por rellenos portuarios, minas a cielo abierto, parques industriales y hasta un vertedero a un par de millas de Sálvora, en aguas del Parque Illas Atlánticas. La legislación ambiental exige a las comunidades autónomas que desarrollen la protección de los espacios naturales. En el caso de Galicia, la Lei de Conservación da Natureza, de 2001, establece los instrumentos obligatorios de planificación. El determinante es el Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX). «Se aprobarán en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la declaración del espacio natural protegido», resuelve la ley. Ocho años después de su entrada en vigor, los PRUX en vigor son cero. Así, ni Illas Atlánticas, ni los seis parques naturales gallegos, ni un sólo metro cuadrado de la Red Natura está bajo su paraguas.
