En sus alegaciones, la ONG acusa al gobierno de bloquear el desarrollo de las energías renovables y de querer perpetuar las centrales térmicas «sucias y peligrosas» y dificultan el cumplimiento del Acuerdo de París contra el cambio climático. Precisamente, este lunes los ministros de Energía europeos se reúnen para decidir sobre el paquete de Energía Limpia para todos.
Greenpeace ha presentado alegaciones al Real Decreto del Gobierno que regula el cierre de las centrales térmicas por razones económicas y en ellas pide al Ejecutivo que retire ese proyecto normativo, y que la ley de cambio climático y transición energética incluya un calendario de cierre de las centrales de carbón y nucleares con fecha tope en 2025 y que apueste por un sistema eléctrico cien por cien renovable.
En sus alegaciones, la ONG acusa al gobierno de bloquear el desarrollo de las energías renovables y de querer perpetuar las centrales térmicas «sucias y peligrosas» y dificultan el cumplimiento del Acuerdo de París contra el cambio climático. Precisamente, este lunes los ministros de Energía europeos se reúnen para decidir sobre el paquete de ‘Energía Limpia para todos’.
Los ministros votarán la directiva de renovables y el diseño del mercado eléctrico, pero la ONG denuncia que el ministro Álvaro Nadal está teniendo una posición en Europa de «bloqueo para las energías renovables y para la democratización del sector», en favor del viejo modelo energético, que está en manos de «unas pocas grandes eléctricas».
Greenpeace denuncia que el Real Decreto es contrario al cambio climático y no tiene en cuenta las demandas de los ciudadanos. «El Gobierno debe de tener en cuenta las demandas de la ciudadanía.
Además, en sus alegaciones recuerda al Ejecutivo que el cierre de las centrales eléctricas ya está contemplado en la normativa que regula el sector, atendiendo a la garantía de suministro y que son el operador y el regulador del sistema los que tienen la competencia para realizar los análisis del sistema y los consiguientes informes de aprobación para el cierre en el caso de ser viable.
Así, recuerda cualquier retribución de acuerdo con lo que propone el Real Decreto deberá ser notificada a la Comisión Europea y esta podría ser considerada ayuda de Estado. Al mismo tiempo, añade en las alegaciones que este proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación eléctrica.
«En España la principal preocupación medioambiental ya es el cambio climático y las personas quieren poder participar en la transición energética de forma activa para transformar el sector eléctrico en uno 100% renovable, eficiente e inteligente», ha manifestado la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño.
En este contexto, la ONG considera que los precios de la luz están «completamente distorsionados» y asegura que al contrario de lo que defiende el Gobierno un sistema eléctrico renovable, eficiente e inteligente abarataría la factura energética de los hogares españoles hasta un 34 por ciento.
ep
