Estamos en el proceso previo a la elaboración de una Ley de Transición Energética que señale las líneas maestras para la sustitución de la actual dependencia de combustibles tradicionales (fósiles y nucleares) que contribuyen al incremento de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera o que continúan generando residuos radioactivos cuya gestión sigue resultando más que dudosa tras varias décadas de operación.
No hay dudas de que, por lo que respecta a la generación eléctrica, todas las inversiones en nueva capacidad en nuestro país serán renovables. La afortunada disponibilidad de recursos y la natural complementariedad de viento, sol y agua podrían permitir, en primer lugar a la comisión de expertos y posteriormente a nuestros legisladores, ser mucho más ambiciosos en la velocidad del proceso de sustitución, dado que ya hay tecnologías, como las centrales termosolares, que sin impacto significativo pueden proporcionar el respaldo a las renovables fluyentes, junto con políticas de gestión activa de la demanda, los contratos de interrumpibilidad y el refuerzo de las interconexiones.
Sin embargo, ese camino irreversible de incorporación creciente y acelerada de las tecnologías renovables limpias, que tan positivo impacto tendría además para la dinamización de nuestra economía y la generación de empleo, parece querer ralentizar el Ministerio de Energía por motivos difíciles de entender, ya que no puede asentarse en la destrucción del sector renovable que realizó sus inversiones en centrales operativas en años anteriores y que ha sido objeto de fuertes recortes retroactivos.
El gobierno lleva anunciando su intención de aplicar automáticamente otro nuevo recorte a partir de 2020 que, además de innecesario, por no trasladarse al precio de la electricidad a los consumidores, y absolutamente injusto por no respetarse la retribución prometida por BOE a los inversores, tendría necesariamente que debatirse en el Congreso de los Diputados, situación que el Gobierno parece querer a toda costa evitar.
Lo primero es lo primero y no se puede construir una transición energética sobre las cenizas de un sector. La mayor parte de las instalaciones no tienen márgenes para nuevas refinanciaciones adicionales a las que ya tuvieron que asumir por los enormes recortes pasados. Hay tiempo todavía y confiamos que inversiones pasadas no vean reducida aún más su actual remuneración que, en realidad, se encuentra por debajo de la rentabilidad establecida en la Ley.
fuente: Protermo Solar
