El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, auguró hoy ante el pleno del Congreso que la energía nuclear será un día «una renovable más», cuando puedan utilizarse como combustible los residuos que van a ser almacenados en el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC).
De hecho, aventuró que el diputado de IU-ICV Joan Herrera, cuya formación aboga por el cierre de todas las centrales nucleares españolas, subirá en el futuro a la tribuna de la Cámara Baja para defender esta energía cuando los residuos, gracias a los avances tecnológicos, puedan reutilizarse.
En respuesta a una interpelación urgente de este grupo , que la próxima semana defenderá una moción consecuencia de interpelación para que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a suspender la orden ministerial que abrió el proceso para ubicar el almacén, el titular de industria insistió en que el ATC «se va a hacer».
«El Gobierno está para gobernar. El ATC se va a hacer porque es una decisión del Parlamento y porque cumple todos los requisitos de seguridad. Se resuelve un problema de la forma más eficiente posible y lo queremos hacer con el máximo consenso posible», insistió.
Asimismo, argumentó que un informe jurídico elaborado por un despacho de abogados independiente avala que la fase previa para la ubicación del ATC cuenta con «un generoso trámite de alegaciones, información y participación pública». «¿Cómo no va a decirlo si llevamos cinco años trabajando en esto?», reiteró.
NECESARIO AUNQUE SE CIERREN LAS CENTRALES
Igualmente, defendió la ubicación del ATC, incluso desde la posición «más antinuclear posible», que sería el cierre de todas las centrales nucleares españolas. En este sentido, explicó que seguiría existiendo el problema de los residuos, unas 6.700 toneladas.
Así, calificó de «coherente y responsable» la decisión porque la alternativa, almacenes temporales individualizados (ATI) supone entre 1.300 y 2.400 millones de euros más, según se contabilicen o no los residuos que por el momento se encuentran en Francia, procedentes de Vandellós II y cuyo coste se va a elevar, según dijo, a 60.000 euros al día. Sebastián precisó también que no ha dicho que no le importe la opinión de las CC.AA, sino que la competencia del ATC no es de éstas porque pertenece al Estado y a las corporaciones locales.
También recordó que la Comisión Interministerial que estudia la futura ubicación del ATC publicará «pronto» (concretamente, el próximo lunes), la lista definitiva de candidatos, tras determinar provisionalmente como aptos a ocho de los catorce municipios presentados.
IU-ICV: «BURLA» AL PARLAMENTO
Por su parte, Herrera reclamó la suspensión del procedimiento porque «el Gobierno ha cambiado las reglas del juego a mitad de la partida, se ha burlado del mandato del Parlamento y ha perdido por el camino la búsqueda del consenso social, político y territorial».
El parlamentario de ICV reclamó además el contrato entre Francia y España sobre los residuos procedentes de Vandellós II porque, según aseguró, el Ejecutivo no está diciendo que la mayoría de los 1.300 millones de euros que se debería pagar a Francia por quedarse con los residuos durante 60 años son en concreto de depósito, es decir, que serían devueltos.
Igualmente, criticó que Industria no advierta de que el futuro proyecto de centro tecnológico que acompañará al «cementerio» nuclear requiere de la instalación de un reactor nuclear transmutador, que necesita también elementos combustibles. «Basta. No han respetado lo que se aprobó en esta Cámara –denunció–. Por eso, espero que la próxima semana esta Cámara esté a la altura y que se suspenda la orden».
ECOticias.com – ep
