Los californianos han votado en contra de suspender la ley sobre calentamiento global en la consulta realizada el martes sobre la Proposición 23, con el 59 por ciento de votos en contra y el 41 por ciento a favor.
La consulta había sido instigada por las compañías petroleras, que pretendían dejar en suspenso los esfuerzos del estado por avanzar en el uso de energías renovables y por crear un mercado de compraventa de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Tras el fracaso de la legislación sobre clima a nivel nacional, la ley AB 32 promovida en California desde 2006 es vista como un punto crucial en el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones.
En el caso de haber triunfado la Proposición 23, la AB 32 habría permanecido suspendida hasta que la cifra de desempleo –superior al 10 por ciento– hubiera caído por debajo del 5,5 por ciento durante cuatro cuartos seguidos, algo que ha sucedido en raras ocasiones en los últimos 20 años en California, el estado más rico del país.
En contra había surgido la campaña ‘No a la 23’, cuyos defensores recordaban el peso económico del conjunto de empresas verdes, las cuales generan miles de millones de dólares en inversión y han creado millones de puestos de trabajo. La congelación de la AB 32, por tanto, habría traído consigo serias consecuencias económicas en un estado profundamente afectado por la recesión, la crisis financiera y el delicado momento que vive el sector de la construcción.
Los inversores de Silicon Valley, la meca de las nuevas tecnologías y la innovación, habían donado sumas importantes a la campaña contra la proposición. Dichas empresas están apostando por las energías solar y eólica, así como por los biocombustibles y los coches eléctricos.
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