La Asociación Española de Cogeneración celebró su Asamblea Anual 2012

La Asociación Española de Cogeneración celebró su Asamblea Anual 2012, en la que su presidente, José Manuel Collados afirmó
 

Es necesario un modelo energético al servicio de la industria. Acogen reclama una política energética acorde a la política industrial, con especial atención a la cogeneración como herramienta de competitividad, para que las industrias manufactureras puedan aportar actividad económica y empleo para revertir la crisis. Si no se modifica el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, cerrarán un 30% de las cogeneraciones industriales, arrastrando con ellas a sus industrias asociadas. El mayor impacto recae en 900 industriales que invirtieron 6.000 millones € en eficiencia energética –en cogeneración- y en los 23.000 consumidores industriales con fuertes costes energéticos en sus costes de producción, precisamente los más exportadores y por tanto los más sensibles a una pérdida de competitividad. Un 50% de la producción industrial que utiliza cogeneración se exporta, contribuyendo a las exportaciones españolas con más de 11.000 millones€/año. Con una potencia instalada de  6.196 MW, la cogeneración supone el 12% de la demanda nacional de electricidad y utiliza el 22% del consumo total de gas natural.  Hay 1.033 cogeneraciones vinculadas a industrias -suponen un PIB de 23.000 millones €/año (15% del PIB industrial)-, químicas, papeleras, alimentarias, farmacéuticas, azulejeras, automóvil, petroquímicas, textiles y otras industrias manufactureras. 40% del PIB industrial está en sectores potencialmente cogeneradores. La producción prevista a cierre 2012 serán 33 TWh, mantenida constante los últimos 5 años.

 

La Asociación Española de Cogeneración celebró su Asamblea Anual 2012, en la que su presidente, José Manuel Collados  afirmó que “de aprobarse en los actuales términos, el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, abocará al cierre inmediato del 30% de la cogeneración y, en consecuencia, de muchas de sus industrias asociadas”. Para Collados, “el efecto será un incremento considerable de los costes energéticos de las industrias manufactureras,  haciendo que estas empresas mermen su competitividad y con ello pierdan parte del mercado exterior conseguido hasta ahora, lo que las conducirá al cierre y a la destrucción de miles de empleos”.

El director general, Javier Rodríguez, reiteró esta idea señalando que “o el Proyecto se modifica o España sufrirá las consecuencias en su industria, con una pérdida estimada del 3,3% del PIB industrial, que supondría una caída del 0,5 en el  PIB nacional”. Para Rodríguez, es básico situar a la industria en el centro de las políticas de recuperación de la economía y para ello hay una herramienta clave de competitividad que ahora se ha puesto especialmente en riesgo: la cogeneración”.

El presidente concluyó diciendo que Acogen continuará ofreciendo al gobierno todo su apoyo y su colaboración en la confianza de que se alcancen las modificaciones requeridas. Pero que de no ser así, la Asociación mantiene fundadas razones “sobre ciertos aspectos anticonstitucionales  del Proyecto, por lo que no quedaría otro remedio que buscar las vías oportunas para que la Ley fuera denunciada ante el Tribunal Constitucional”.

Desde Acogen se hace una llamada unánime al gobierno en la necesidad de consolidar un modelo energético al servicio de la industria y no de que la industria quede a merced de una política energética cambiante e inestable.

Entre las previsibles negativas consecuencias de la aplicación de estas medidas, se citó la caída en un 9% de la demanda de gas natural en 2013 y del 15% para 2015, así como gravísimos efectos económicos y sociales, entre ellos, la pérdida de más de 65.000 empleos industriales directos.

Para la cogeneración, las medidas fiscales suponen un doble varapalo –impuesto a la electricidad producida y al gas natural con que la produce-, que la propia memoria del Proyecto evalúa en 400 millones de euros al año. Si a esto se suma el impacto del RDL 1/2012, -750 millones que serán 1056 millones en 2015-, equivale al 30% del valor total de su producción eléctrica: simplemente inasumible.

Para las industrias, el proyecto tal cual está, supondrá entre 1.000 y 1.600 millones de euros adicionales a la factura energética. Al consumir 9.600 millones de euros al año en energía, esto se traduce en un 16% de incremento en los costes energéticos.

Según Acogen, el proyecto no es equilibrado ni igualitario, pues el mayor impacto recae en los 900 industriales que invirtieron 6.000 millones de euros en eficiencia energética –en cogeneración- y en los 23.000 consumidores industriales con costes energéticos significativos en sus estructura de costes de producción, precisamente quienes están compensando la atonía interior gracias a su capacidad exportadora, pero que si pierden competitividad verán derrumbarse sus ventas en el exterior.

Entre las propuestas de Acogen, figura la exención del impuesto especial al gas natural y combustibles utilizados en cogeneración prevista en la Directiva 2003/96/CE de imposición energética y la bonificación del impuesto de generación eléctrica del 65% (tasa resultante del 2%). Así mismo, se propone la adaptación de las imposiciones previstas en cogeneración. Y, dada la crítica situación de los aproximadamente 80 proyectos en curso con inversiones realizadas superiores a 100 millones de euros, que se complete la tramitación administrativa de los autorizados antes de junio de 2012, una regularización que apenas aumenta la potencia del sector ya que en su mayor parte son renovaciones de plantas existentes.

ECOticias.com

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