Andalucía dice que el recurso ante TC no va contra nada ni contra nadie sino a favor de la energía renovable

En declaraciones este lunes a los periodistas tras registrar en el Tribunal Constitucional el recurso, Ávila ha dicho que las normas suponen «una agresión directa al potencial» de las renovables

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, defiende que el recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía contra tres normas del Gobierno central sobre las renovables no va «contra nada ni contra nadie sino a favor de esta energía, del medio ambiente y del desarrollo» de un sector que sufre con la normativa estatal un «ataque».

   En declaraciones este lunes a los periodistas tras registrar en el Tribunal Constitucional el recurso, Ávila ha dicho que las normas suponen «una agresión directa al potencial» de las renovables y que perjudican a «aquellos territorios que más desarrollan las renovables, en particular a Andalucía, donde ha habido una apuesta muy fuerte». «Este paso quiere ser una señal para el sector, por el que se ha apostado mucho desde la Junta y que creemos que sigue teniendo posibilidad de desarrollo», ha añadido.

   El recurso presentado este lunes se dirige concretamente contra la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (que incluye disposiciones relativas al sector energético) al considerar la Junta que las tres vulneran el principio de seguridad jurídica.

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   Además, en lo que se refiere a los decretos la Administración autonómica considera que vulneran el principio de no retroactividad de las normas y suponen una incorrecta utilización de la figura del decreto ley porque no hay urgente necesidad.

   La Junta ve que la primera de ellas, la Ley 15/2012, que crea nuevas figuras tributarias y grava con un tipo único del 7 por ciento los ingresos por generación eléctrica, afecta especialmente a las firmas del sector de las renovables, que ahora suman esta penalización a la supresión de los incentivos ya impuesta por el Gobierno central en enero del pasado año.

   Al respecto, el consejero ha recordado la eliminación previa de las primas a las renovables acordada por el Ejecutivo, lo que repercute en programas y proyectos ya tramitados y que quedan paralizados. Se trata, según ha subrayado, de «inversiones muy cuantiosas» que «no solo dejan de desarrollarse sino que quienes trabajaron para desarrollarlas ven ahora truncada esa perspectiva de negocio».

   Así las cosas Andalucía entiende además que la creación del impuesto, que además podría repercutir finalmente en el consumidor, no tiene en cuenta las peculiaridades de un sector cuyos proyectos exigen un sobreesfuerzo inversor y tecnológico, y sitúa su tasa de rentabilidad en valores que impedirán a los promotores devolver la deuda financiera que asumieron en un marco retributivo muy distinto al actual.

   Respecto al Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, la Junta expone que sustituye el IPC, con el que anualmente se actualizaba la retribución de los productores de energía eléctrica, por el IPC de inflación subyacente, que no contabiliza alimentos no elaborados ni productos energéticos y que suele ser más bajo (1,58 por ciento frente a 2,25 por ciento el pasado año).

   Además, entiende que en sus tres primeros artículos y en su disposición adicional única, esta norma suprime la libertad de elección de las empresas relativa a la forma de retribuir la energía generada.

   La tercera de las normas recurridas, el Real Decreto-Ley 29/2012, según expone la Junta, exige con efectos retroactivos nuevos criterios a proyectos que se han sometido a una tramitación distinta para ser autorizados e inscritos en el registro administrativo de instalaciones de producción de régimen especial. Esta medida, recogida en el artículo 8, también contraviene tanto los principios de seguridad jurídica e irretroactividad como el principio constitucional de extraordinaria y urgente necesidad.

SIN DIÁLOGO

   Por otro lado, el responsable andaluz de Economía andaluz ha censurado que el Gobierno central haya aprobado estas normas «sin diálogo ni con la Junta ni con el sector» y, tras recordar que las renovables generan unos 45.000 empleos y mantienen más de 1.400 empresas en la región, ha dicho que esa ausencia de comunicación «genera un clima y una situación de incertidumbre y desconfianza que son lo contrario de lo que necesitamos».

   En este sentido, Ávila ha señalado que él mismo trasladó por escrito al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la necesidad de que hubiera un «diálogo abierto» sobre este tema que «no se ha producido». «Hay una decisión que no es neutral porque hay una justificación de que hay crisis económica pero que no se corresponde con la necesidad de desarrollo del sector y de hacerlo con diálogo», ha concluido.

ECOticias.com – ep

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