El Informe «Comunidades Energética Fake» se ha dado a conocer por parte de organizaciones ecologistas para poner sobre la mesa las estrategias del oligopolio con las que se busca llevarse recursos públicos dirigidos a las comunidades energéticas de base ciudadana.
Un estudio que analiza la cooptación de la figura de las comunidades energéticas por parte del oligopolio y en particular de Repsol.
Más en concreto, en este informe se pone en primer plano las líneas estratégicas de multinacionales energéticas como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y EDP en relación con las comunidades energéticas y, más especialmente el caso de Repsol, que gestiona más del 30% de las subvenciones públicas destinadas a impulsar la democratización energética en España.
«Comunidades Energéticas FAKE: las estrategias del oligopolio para captar recursos de las comunidades energéticas y destruir su potencial transformador»
Amigas de la Tierra presenta el informe «Comunidades Energéticas FAKE: las estrategias del oligopolio para captar recursos de las comunidades energéticas y destruir su potencial transformador», elaborado en colaboración con TRAZA Consultoría. El estudio analiza la cooptación de la figura de las comunidades energéticas por parte del oligopolio y en particular de Repsol.
A lo largo del documento se investigan las líneas estratégicas de las actuales multinacionales energéticas dominantes (Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y EDP) en relación con las comunidades energéticas y, más en concreto, el modus operandi de Repsol, que gestiona más del 30% de las subvenciones públicas destinadas a impulsar la democratización energética en España, un total de 24,3 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Esto último se ha analizado a través de dos casos de estudios, el de TODA Energía en Navarra y Ekiluz en Córdoba.
La falta de una normativa clara y específica al respecto facilita la cooptación de la figura de las comunidades energéticas por parte de grandes empresas, cuando estas iniciativas deberían ser una herramienta imprescindible para garantizar la democracia energética. A través de estos proyectos la ciudadanía puede producir y gestionar la energía y ser propietaria de la misma.
Para asegurar este objetivo de soberanía energética, estos proyectos deben cumplir principalmente cuatro criterios:
- Estar formadas por personas físicas, autoridades locales y PYMEs
- Preocupación por la comunidad y el territorio donde se instala (beneficios comunitarios ambientales, sociales y económicos locales) y no por el lucro
- Participación abierta y voluntaria sobre criterios de gobernanza democrática
- Autonomía y control efectivo por parte de todos los miembros que están en la «proximidad» de estos proyectos.
Sin embargo, el informe concluye que las falsas comunidades del oligopolio energético están siendo un obstáculo para una transición energética basada en la participación, el conocimiento y la auto-organización de la ciudadanía. Además del greenwashing por parte de las empresas que más contribuyen al cambio climático – en concreto Repsol se encuentra entre las 50 empresas más contaminantes del mundo–, este acaparamiento de recursos vacía la figura de comunidades energéticas de todo contenido práctico y de transformación social, democracia y justicia.
Así mismo, Amigas de la Tierra señala que estas grandes empresas están utilizando la cooptación del imaginario de la democratización energética a través del uso comercial de ideas y términos como «comunidad solar», «comunidad energética» o «energía comunitaria», para captar clientes en sus comercializadoras, además de apropiarse de fondos públicos destinados en principio a promover la implicación ciudadana en el sector energético.
Esta posible cooptación se debe, entre otras cosas, a la validación de estos proyectos de falsas comunidades energéticas por parte de entidades públicas, privadas y sociales y ambientales que se benefician de su buena relación con las empresas del oligopolio a través de sus fundaciones. De igual forma, apuntan a que la colaboración con universidades a través de cátedras patrocinadas está siendo clave.
En el caso concreto de Repsol, Amigas de la Tierra subraya el papel primordial que, además de las empresas pantallas como Ekiluz y Edinor, han tenido tanto la Cámara de Comercio como FAECTA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas) para favorecer la entrada de Repsol en los municipios. También, muestra su preocupación por el apoyo que han brindado diferentes administraciones regionales, provinciales y locales a EDINOR (REPSOL) y a EKILUZ (Repsol) bajo el paraguas de comunidades energéticas, el cual dista mucho de responder a los principios de transparencia y eficiencia que deben imperar en el ámbito de la administración pública.
Por último, desde la organización ecologista argumentan que la ausencia de un marco regulador específico junto a unas convocatorias públicas cuyos requisitos no incluyen que la iniciativa sea verdaderamente participativa y autónoma, han hecho posible que las comunidades energéticas se hayan convertido en un nicho de mercado explotado por las grandes empresas energéticas.
Además, se ha estado priorizando la ejecución de proyectos por encima de la formación y el acompañamiento a la ciudadanía, y todo ello unido a la inexistencia de una supervisión y seguimiento de la evaluación del impacto de los fondos dedicados a las comunidades energéticas, lo que ha hecho posible la creación de falsas comunidades energéticas lideradas por multinacionales en lugar de que los fondos sean garantes e impulsores de una participación activa y real de la ciudadanía para expandir las energías renovables.
El informe concluye con una serie de recomendaciones políticas fruto del análisis realizado y del trabajo colectivo desarrollado por parte de la Coalición por la Energía comunitaria, así como con un listado de recursos prácticos para la ciudadanía en aras de impulsar una democratización energética real en manos de las comunidades en lugar de las empresas. ECOticias.com
