En la búsqueda de recursos financieros, el Gobierno regional aragonés plantea la implementación de un gravamen adicional que pone en jaque a una serie de empresas amigables con el medioambiente establecidas en su jurisdicción.
Impacto económico y legal: El debate sobre los impuestos retroactivos a las energías renovables en Aragón
Frente a esto, tanto la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) como la Asociación Empresarial Eólica (AEE) expresan su inquietud, considerando que esta propuesta podría conllevar un riesgo significativo para el medioambiente.
Estos riesgos y amenazas se presentan a raíz de la decisión tomada por el Gobierno de Aragón de implementar un impuesto que perjudica la inversión y amenaza la estabilidad laboral, uniéndose así al de la reivindicación previamente planteada por Unef.
Contrario al desarrollo regional en Aragón, las patronales señalan que el impuesto propuesto podría contravenir las normativas fiscales europeas sobre energía y renovables. Según el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión Europea, que aborda los aspectos en los apartados 4.1 y 4.3 de su anexo sobre las instalaciones eólicas y fotovoltaicas.
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Estas mismas son reconocidas como actividades económicas que contribuyen significativamente a mitigar el cambio climático, sin causar perjuicio notable a los objetivos ambientales. Esto plantea interrogantes sobre la justificación del nuevo impuesto que el gobierno aragonés propone para internalizar los costes sociales y ambientales asociados a estos proyectos.
Renovables en Aragón: Luces y sombras ante la amenaza de impuestos regionales
Aplicar impuestos extras a las energías renovables de forma retroactiva crearía incertidumbre legal para las inversiones en Aragón. Esto haría que los proyectos sean más costosos innecesariamente, dificultando su financiamiento y, como consecuencia, obstaculizando la generación de empleo y la prosperidad en la región.
Con una capacidad renovable destacada, Aragón se posiciona entre las cinco comunidades autónomas líderes en este aspecto. En 2023, más del 50% de la electricidad generada en España provenía de fuentes renovables, siendo la región un actor clave en este avance.
A pesar de tener un gran potencial en energía eólica y solar, la introducción de impuestos regionales en particular plantea ciertas inquietudes sobre la continuidad del impulso renovable en Aragón. La amenaza planteada podría repercutir en las decisiones de inversión en más de una industria, ya que las energías renovables juegan un papel crucial en la reducción de costos.
La competitividad que brindan estas fuentes permite que otras industrias se beneficien de costos energéticos más bajos mediante acuerdos de compra de energía, obteniendo ventajas que promueven la competitividad entre las industrias que podrían estar en peligro con esta regulación.
Esta política fiscal propuesta podría poner en juego no solo las inversiones vinculadas a las energías renovables, sino también proyectos industriales futuros en Aragón, comprometiendo la seguridad del suministro y la competitividad de los costos energéticos en la región.
Perspectiva sobre metas Nacionales y Europeas en el horizonte
España particularmente tiene metas algo ambiciosas en cuanto el desarrollo renovable, buscando llegar al 81% de la electricidad y el 42% de la energía total proveniente de fuentes renovables, la fecha límite de la propuesta estaría vista para el año 2030.
Las inversiones previstas por El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estiman alrededor de 92.000 millones de euros en energías renovables hasta el final de la década, monto que estaría sujeto a revisión al alza con las actualizaciones del plan, esto sin señalar una región en concreto para llevar a cabo los proyectos.
Estamos frente a esta situación justo antes de que la Comisión Europea defina los objetivos de reducción de emisiones para el año 2040. Se espera que Bruselas plantee una meta aún más ambiciosa, apuntando a una reducción de alrededor del 90% en las emisiones para el año mencionado.
