Estados Unidos vuelve a llevar la batalla energética a los tribunales. Nueva York encabeza una demanda junto a Connecticut, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont contra el acuerdo del Gobierno de Donald Trump con TotalEnergies para cancelar proyectos de eólica marina y reembolsar a la compañía el dinero de sus concesiones.
La clave no está solo en una empresa que cambia de rumbo. El conflicto es si una administración puede usar dinero público para empujar a una energética a dejar proyectos renovables y reinvertir en gas, petróleo y gas natural licuado. Para los estados demandantes, esa maniobra es ilegal y amenaza sus redes eléctricas, sus objetivos climáticos y la factura futura de millones de hogares.
Qué se ha firmado
El acuerdo se anunció en marzo de 2026. TotalEnergies aceptó renunciar a dos concesiones de eólica marina en EEUU, una en Carolina Long Bay y otra en New York Bight, ambas adjudicadas en 2022. La propia compañía afirmó que, como resultado, dejaría de desarrollar proyectos de eólica marina en Estados Unidos.
A cambio, TotalEnergies recuperaría las tasas pagadas por esas concesiones e invertiría una cantidad equivalente en producción y exportación de gas y energía en EEUU. El Departamento del Interior detalló que la inversión total sería de 928 millones de dólares, destinada al proyecto Rio Grande LNG en Texas, al petróleo convencional en el Golfo de América y al gas de esquisto.
Sobre el papel, Washington lo presenta como una forma de rebajar costes y reforzar la seguridad energética. Pero para los estados demandantes, el mensaje es muy distinto. Dicen que se está pagando a una empresa para abandonar energía limpia y poner ese dinero en combustibles fósiles.
Por qué demandan
La demanda sostiene que el pacto vulnera la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior y el uso del llamado Judgment Fund, el fondo federal que se usa para pagar determinadas sentencias o acuerdos legales. Dicho de forma sencilla, los estados alegan que no había una base legal suficiente para cancelar la concesión y pagar el reembolso de esa manera.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lo resumió con una frase dura. Habló de un “abuso indignante del dinero de los contribuyentes”, porque, según ella, el acuerdo presiona a una empresa extranjera para dejar proyectos eólicos y favorecer petróleo y gas. No es poca cosa.
Los estados piden al tribunal que anule la cancelación de la concesión y bloquee la aplicación del acuerdo. También alegan que el Gobierno no celebró la audiencia exigida antes de cancelar la concesión ni justificó de forma suficiente el supuesto daño a la seguridad nacional.
La eólica que queda en el aire
El proyecto afectado en New York Bight no era pequeño. La concesión de Attentive Energy cubría más de 84 000 acres entre Long Island y la costa de Nueva Jersey. Según la demanda, el área podía superar los 2,7 gigavatios de potencia y abastecer a más de 1,3 millones de hogares de Nueva York y Nueva Jersey.
En el caso concreto de Attentive Energy One, previsto para llevar electricidad limpia a Nueva York, las autoridades estatales estimaban capacidad para más de 700 000 hogares. También hablaban de 25 600 millones de dólares en beneficios económicos durante 25 años, incluidos 10 000 millones en ahorro en la factura eléctrica y 1716 empleos.
Conviene ponerlo en contexto. No significa que todo ese ahorro estuviera ya en el bolsillo de los consumidores, porque eran previsiones ligadas al desarrollo del proyecto. Pero sí muestra por qué los estados ven la cancelación como algo más que una disputa administrativa.
El argumento de TotalEnergies
TotalEnergies defiende que la eólica marina en EEUU no tiene las mismas condiciones que en Europa. Según la compañía, sus estudios indicaban que estos desarrollos podían ser costosos y afectar a la asequibilidad de la electricidad para los consumidores estadounidenses.
Patrick Pouyanné, consejero delegado de TotalEnergies, afirmó que la empresa decidió “renunciar al desarrollo eólico marino en Estados Unidos”. La compañía también dijo que reinvertiría las tasas reembolsadas en Rio Grande LNG y en sus actividades de petróleo y gas, con la vista puesta en exportaciones de GNL y suministro para centros de datos.
Aquí está el choque de fondo. Para TotalEnergies y el Departamento del Interior, el dinero se mueve hacia proyectos que consideran más fiables o más rentables. Para los estados demandantes, se está desmontando una pieza clave de la transición energética justo cuando la demanda eléctrica va en aumento.
Qué puede pasar ahora
El caso entra ahora en el terreno judicial, que suele ir más despacio que la política. Los demandantes quieren que el tribunal declare ilegal la cancelación, anule el acuerdo y frene su aplicación. Si lo consiguen, el golpe a la eólica marina podría revertirse, al menos en parte.
El asunto tampoco llega aislado. Reuters informó días después de otro acuerdo de la administración Trump para pagar 765 millones de dólares a Invenergy por cancelar cuatro concesiones de eólica marina, lo que apunta a una ofensiva más amplia contra este sector. Y eso cambia la escala del debate.
En la práctica, la pregunta es sencilla. ¿Debe EEUU acelerar renovables cerca de los grandes centros de consumo o desviar ese capital hacia gas, petróleo y GNL? La respuesta la darán los tribunales, pero la factura energética, el clima y la industria ya están en medio de la pelea.
La demanda oficial ha sido publicada por la Fiscalía General de Nueva York.
