Europa enviará una misión de investigación al Mar Menor

Izquierda Unida, el PSOE y Podemos han defendido la posibilidad de enviar una misión de investigación de la comisión parlamentaria a España, una opción que estudiará la Comisión de Peticiones.

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha dejado abierta la puerta a enviar una misión de investigación al Mar Menor en Murcia después de escuchar la denuncia sobre la situación de emergencia en la Laguna que ha presentado Ecologistas en Acción y en todo caso reclamará «información adicional» a las autoridades españolas del caso.

«No cerraremos la petición. Vamos a ponernos en contacto con las autoridades españolas para informales de esta decisión y pedirles información adicional», ha explicado el presidente en funciones de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, el eurodiputado popular eslovaco, Pal Csaky.

Izquierda Unida, el PSOE y Podemos han defendido la posibilidad de enviar una misión de investigación de la comisión parlamentaria a España, una opción que estudiará la Comisión de Peticiones.

«Tomaremos una decisión sobre si mandamos una misión de evaluación o no», ha explicado el presidente en funciones de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Isabel Rubio Pérez, de Ecologistas en Acción, ha achacado «las causas del desastre ecológico» a la «mala gestión histórica» de las autoridades regionales, que han hecho «oídos sordos» desde hace años a las recomendaciones de los científicos y las asociaciones ecológicas para paliar el deterioro en la Laguna del Mar Menor y ha denunciado el incumplimiento de diversas normas medioambientales europeas.

Así, la ecologista ha denunciado la política de «desarrollo urbanístico desproporcionado» y sin planificación con infraestructuras innecesarias como «puertos deportivos» y «playas artificiales» y ha admitido que el problema del vertido de las aguas residuales y una actividad agrícola «más industrializada» han agravado el problema. Todo ello ha llevado a la desaparición de «más del 80% de la flora de sus fondos».

«Desgraciadamente durante los últimos años sus aguas de calidad y transparente se han vuelto verdes y posteriormente marrones», ha denunciado Rubio Pérez, que ha dejado claro que las medidas promovidas hace «solo ocho meses» por las autoridades por la «gran presión» ciudadana son «insuficientes» y «poco efectivas» para proteger una zona de «alto valor ecológico, paisajístico y cultural» que le convertían en «destino turístico de primer orden».

«Por esta razón, pedimos al Parlamento Europeo su colaboración, que ayuden a revertir esta situación, simplemente haciendo cumplir las normas europeas», ha explicado la ecologista, que también ha reclamado «ayuda para la adopción y reconversión de los sectores económicos afectados».

El representante del Ejecutivo comunitario, Daniel Fernández Gómez, ha explicado que la Comisión es «consciente» del «problema» en el Mar Menor y ha mantenido contactos con las autoridades españolas y regionales, «recalcando siempre que el cumplimiento efectivo» de las normas medioambientales europeas «sería una solución adecuada para los problemas medioambientales que sufre el Mar Menor» y que se deben «asignar» recursos «adecuados» para ello.

Así, ha recordado que el Ejecutivo comunitario ha abierto varias investigaciones, «la más avanzada» es el procedimiento de infracción que abrió en 2015 por incumplir la directiva de hábitats y que la Comisión ha pedido a España que designe las zonas de especial conservación y adopte los planes de gestión con medidas «adecuadas» para su conservación, recordando que España sólo ha designado 10 de los 49 lugares de importancia comunitaria en Murcia, entre los que no se encuentra el Mar Menor.

También ha recalcado que la Comisión ha abierto investigaciones que no han llegado «al periodo de infracción» todavía y han solicitado información a España sobre su cumplimiento de las directivas de nitratos y la directiva marco sobre Agua, que son «importantes» para llegar a «la solución a este problema del Mar Menor» dado que la contaminación por nitratos es «une de las principales amenazas».

«La Comisión ha recibido las respuestas» de las autoridades españolas, ha explicado el funcionario, que ha aclarado que todavía deben asegurar «que las obligaciones de estas directivas son respetadas por el Reino de España».

La eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, ha denunciado el «caso de negligencia» en el Mar Menor por parte de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia y ha reclamado «enviar una misión de investigación de la Comisión de Peticiones al Mar Menor» si no se toman «medidas urgentes».

La eurodiputada del PSOE, Clara Aguilera, ha denunciado que el «culpable» de la situación son «los responsables de la Cuenca del Segura y el Gobierno regional», que además debe ser «tutelado» y ha instado a la Comisión Europea que demuestre si los fondos europeos que han ido a la región para mejorar la situación se han utilizado «debidamente». «Y si no es así, el Gobierno regional tendrá que devolver los fondos públicos», ha avisado, insistiendo en que el asunto es «grave». «Probablemente haya que hacer una misión específica», ha remachado, respaldando también la opción de enviar una misión de investigación.

Por su parte, la eurodiputada de Podemos, Losa Sánchez, ha defendido que la Unión «debe actuar con urgencia» porque los valencianos no se merecen «un mar muerto» y ha apoyado enviar una misión de investigación al Mar Menor para que puedan juzgar lo que está ocurriendo en la zona, que «no es un accidente» sino se debe a la política del Gobierno regional de «más de 20 años» que ha primado una «gestión mercantilista del territorio».

La voz discordante ha venido de la eurodiputada el PP, Rosa Estaràs, que ha rechazado que ni el Gobierno ni las autoridades regionales hayan «hecho nada» y ha citado entre otros, la estrategia de gestión integrada aprobada en 2015, varios proyectos para contribuir al «vertido cero al Mar Menor» o la «multitud de gestiones» para proteger el hábitat del Gobierno regional, incluido «campañas de limpieza de los fondos», así como la resolución aprobada en las Cortes Generales «en línea» con las demandas de los ecologistas.

«La Comisión tiene ahora que sentarse con el Gobierno de España en este diálogo y velar para que se cumpla la legislación medioambiental», ha concedido, rechazando no obstante que se use la comisión parlamentaria para «despellejar al Gobierno de turno».

ep

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