La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía va a analizar la situación de los agentes de medio ambiente para elaborar un ‘libro blanco’ –un documento o guía con autoridad con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender un tema, resolver o afrontar un problema o tomar una decisión– que profundice en las competencias y funciones de este colectivo.
El documento, en el que colaborarán estos funcionarios de la Junta de Andalucía, servirá también para concretar los deberes y derechos derivados del ejercicio de su profesión, así como los medios materiales necesarios para lograr una mayor eficacia y eficiencia en su trabajo, según ha precisado en una nota la Consejería.
Otros aspectos que se revisarán son los relacionados con los protocolos de seguridad de este colectivo o su coordinación con otros agentes de autoridad, fundamentalmente de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (Aamaa) instaba recientemente a la Junta en una entrada en su blog, consultada por Europa Press, a proporcionar a los profesionales de este cuerpo formación tras el caso ocurrido en Cataluña el pasado mes de enero, cuando dos guardias forestales fueron presuntamente asesinados por arma de fuego: el consejero del ramo, José Fiscal, se ha reunido con el sector a cuenta de este asunto.
Estos trabajadores de la Junta realizan un trabajo de servicio público para conservar el medio ambiente y el patrimonio natural andaluz, informando y vigilando para evitar incidencias medioambientales que puedan tener impacto para la salud y la calidad de vida de los andaluces.
En la actualidad, este colectivo de la Junta, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, está compuesto por cerca de 900 personas. Entre las funciones de estos agentes se encuentran las de custodiar, proteger y vigilar los bienes e instalaciones de la Junta de Andalucía de naturaleza ambiental. También se encargan de formular denuncias; toma de muestras; controlar los aprovechamientos forestales, cinegéticos o piscícolas; captura y marcaje de animales para el seguimiento científico; atender e informar a los ciudadanos de todos los asuntos relacionados con el medio ambiente; o erradicar el uso de cebos envenenados.
